Por Jaime Bonilla Valdez
Mientras las calles de Baja California arden y acumulan ya más de 2 mil muertes en lo que va del año, el gobernador Francisco Vega pretende hacer un negocio más: un Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, e Inteligencia (C5I) por el que se pagarán 69 millones durante 10 años, lo que arroja un total de 690 millones de pesos.
Bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas (APPs), el gobernador ve otro negocio ahí donde los ciudadanos vemos sangre y desolación pues no parece casual que el C5 vaya a ser entregado a una empresa de dudosa reputación que enfrenta multas y demandas en varias entidades de la República por instalar cámaras deficientes y otras fallas. Se trata de Seguritech, una de esas compañías surgidas bajo la opacidad del poder.
Fundada por Ariel Picker en 1996, Seguritech vendía alarmas y botones de pánico pero fue hasta que se vinculó a David Korenfeld, el ex director de Conagua destituido por el uso personal de aeronaves oficiales, que Ariel Zeev Picker se catapultó en el gobierno del Estado de México que en ese entonces encabezaba otro gobernante de triste memoria: Enrique Peña Nieto.
Seguritech se convirtió en una compañía de calibre nacional, y como ocurre siempre en estos casos en que el dinero no distingue de partidos, pronto pasó a ser proveedora de seguridad de los gobiernos panistas como el de Puebla durante el mandato de Rafael Moreno Valle quien pagó 330 millones de pesos y el de Guanajuato, donde el gobernador Miguel Márquez destinó 2 mil 727 millones de pesos, brincándose al Congreso. La misma ruta que Vega de Lamadrid siguió en Baja California. Y como en Guanajuato, al término de las concesiones nos vamos a quedar sin cámaras ni nada.
La Coparmex se ha pronunciado en contra del C5 porque saben que está destinado a convertirse en un elefante blanco pues en manos de un gobernador como Francisco Vega, quien no se caracteriza por ser muy trabajador, este centro se encamina al fracaso.
Hoy por hoy, el 40 por ciento de las cámaras de seguridad en Tijuana están descompuestas, y hasta el acceso al Centro de Control es una ruina mientras que una buena parte de las casetas policiacas están abandonadas. En Baja California faltan más de mil 300 policías y así quiere el gobernador un nuevo centro que en realidad es equipar con más tecnología el actual, empeñando la entidad una vez más.
Y mientras las ejecuciones aumentan en Tijuana y el resto de los municipios del estado, los jefes policiacos han querido vendernos la idea de que son traficantes los que se matan entre ellos, y que por cada ejecutado hay un delincuente menos en las calles. Pero no debemos olvidar que cuando se registra una ejecución, es porque ya circularon kilos y kilos de drogas y muchos billetes han ido a parar a los bolsillos no solo de los capos sino también de políticos y policías.
Claro que los policías saben dónde están las tienditas, como se les llama a los centros de venta de droga, dónde están los narcolaboratorios y hasta quienes son los distribuidores de drogas que son tan abundantes, que mantienen casi el mismo precio que hace 10 años.
Si alguno de sus corifeos exige pruebas de que el gobernador está haciendo otro más de sus negocios, basta salir a las calles para darnos cuenta de que desde que lanzó su fallida Cruzada por la Seguridad, las ejecuciones, los robos y asaltos han ido en aumento en forma escandalosa.
Y si esas mismas voces advierten que hay que estar del lado de los delincuentes para reprobar el nuevo negocio del gobernador Francisco Vega, tendrán que contestarle empresarios del calibre de Gilberto Fimbres, Armando León Ptanick, Rodrigo Llantada entre otros que se oponen a esta sinrazón. Nosotros debatimos con el dueño del circo. Nosotros pensamos que el gobernador debe salir a defender este nuevo endeudamiento y no usar a sus corifeos para tratar de justificar su nuevo negocio. En este caso como en otros, cuando se trata del gobernador, piensa mal y acertarás.
