Ni una más

Por Manuel Rodríguez Monárrez

Siguen los fuertes reclamos dentro y fuera de la ciudad contra el Presidente Municipal por haber declarado que el tema de la alerta de género en Tijuana era un “Asunto X”, y es que el tema ya fue discutido en foros de Derechos Humanos que organiza la Ibero Tijuana, fue tratado en notas de medios del Sur de California, y hasta en redes sociales la periodista Lydia Cacho retomó los argumentos misóginos de Gastélum para hacerlos de conocimiento nacional. Estos dichos discriminatorios del Alcalde, se suman a los vertidos contra una compañera regidora de que ningún “chile le embona”, y a las lamentables también declaraciones de que en Tijuana “la seguridad no es tema”.

Dentro de la compleja problemática que nuestra ciudad enfrenta en materia de inseguridad y violencia, la situación que enfrentan las mujeres es particularmente relevante y demanda nuestra atención urgente, por ello el pasado viernes 20 de octubre, solicité a la máxima tribuna de esta comuna, autorizará exhortar a la autoridad federal encargada de emitir alerta de género por los feminicidios perpetrados en Tijuana hasta la fecha, que ya rebasan los dos dígitos en lo que va de éste 2017. Algunos periodistas han contribuido a la labor del Estado de criminalizar los más de 100 homicidios de mujeres en Tijuana, bautizándolas como las “ladies del narco”, sin ni siquiera conocer el resultado de las averiguaciones de cada uno de sus expedientes, que en la mayoría de los casos quedan impunes.

Así mismo, como una medida para salir del paso el gobernador del Estado justificó los asesinatos en Baja California y al decir ésta semana, de forma casual, que le sorprendía cuántas personas se estaban metiendo en el “negocio” del narco-menudeo y que estaba creciendo la participación de la mujer en este fenómeno, concluyendo que por eso las matan.

Es una situación recurrente la disparidad entre la cifra de homicidios en contra de mujeres y el número de averiguaciones previas que se siguen por feminicidio, cuestión que se ve agravada por la falta de datos fidedignos y transparentes sobre los asesinatos en contra de mujeres. Más allá de la utilidad de la Alerta de Violencia de Género como un mecanismo reactivo ante la violencia contra las mujeres, se deben fortalecer también las acciones preventivas, así como abordar con objetividad los problemas que en la práctica enfrenta la investigación y procuración de justicia en esta materia. No obstante, los indudables avances que en México se han logrado desde hace varios años en el ámbito del reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, desafortunadamente en nuestra sociedad la violencia contra las mismas sigue siendo una constante, llegándose con frecuencia al extremo de que sea causa suficiente para que una persona sea privada de la vida por el sólo hecho de ser mujer.

La violencia contra las mujeres constituye uno de los factores que mayor incidencia negativa tienen en el respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, además de vulnerar las bases de la convivencia pacífica entre las personas y afectar nuestro tejido social. Cuando la autoridad ejerce de manera directa esa violencia vulnera derechos humanos, pero también lo hace cuando por negligencia, omisión o incapacidad, no es capaz de garantizar niveles mínimos y razonables de protección a los derechos que asisten a las mujeres, tales como los relativos a la vida; a su integridad física, psíquica y emocional; a la igualdad y a la libertad; a estar libre de discriminación; al ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; así como a una vida libre de violencia, entre otros.

En esta tarea de garantizar y hacer vigentes los derechos de las mujeres, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y defensa de los mismos, así como la pertinencia y operación de las políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, resultan cuestiones prioritarias. Nunca habíamos contando con un marco normativo y una estructura institucional tan amplia como la actual para proteger a las mujeres y sus derechos, sin embargo, las leyes no se aplican ni cumplen a cabalidad, el acceso efectivo a la justicia es limitado, las tareas de prevención no alcanzan los resultados esperados y los hechos de violencia, además de que se siguen presentando, con frecuencia quedan impunes.