Por José Alfredo Jiménez Foto: José Alfredo Jiménez
Tijuana.- El Ayuntamiento de Tijuana presentó la solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado en contra del ex presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí y los ex regidores que integraron la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, por la venta de un predio que estaba etiquetado para uso deportivo y actividades relacionadas a seguridad pública.
En conferencia de prensa, la síndico procuradora, Ana Marcela Guzmán, explicó que el 2 de diciembre de 2010 el gobierno del estado donó al municipio un predio ubicado en la zona conocida como “La Lanzadera”, de 118 mil 476.610 m2 el cual tenía una reserva de dominio.
En el contrato se especificaba que el inmueble deberá ser destinado para actividades relacionadas con seguridad pública y actividades deportivas, por lo que darles un uso o destino diferente sin autorización del ejecutivo estatal, se revertiría la propiedad del mismo.
El predio fue fraccionado en tres partes, donde una de esas partes fue subdividida en dos predios menores y uno de estos menores fue vendido a una persona física. El predio vendido tiene la clave catastral CF-252-211 y tiene una superficie de dos mil 894 metros cuadrados el cual fue solicitado mediante oficio el 30 de enero del 2015 al oficial Mayor Marco Antonio Soto Dueñas.
Guzmán detalló que la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, integrada por los regidores Martín Plascencia Ávila, Omar Abisaid Sarabia Esparza, Martha Rubio Ponce y Jorge Alfredo Guadalupe Escobar Sánchez, dictaminaron la desincorporación del inmueble para proceder a su venta.
El 15 de julio de 2016, Astiazarán Orcí realizó el contrato de compra-venta por la cantidad de cuatro millones, 077 mil 761 pesos, protocolizado ante el notario público número quince de la ciudad de Tijuana.
La Síndico puntualizó que con el juicio político buscan la inhabilitación del ex presidente municipal y los regidores mencionados, esto es, que no podrán ocupar cargos públicos, donde la comisión correspondiente del Congreso tiene 30 días para dictaminar si cumple o no con los supuestos para que se de.
Sobre la recuperación del predio, el consejero jurídico, Leonardo Martínez Delgado, expresó que sí se puede interponer el trámite ante el Tribunal Contencioso Administrativo, aunque aceptó que no se ha iniciado pero que esperan hacerlo lo antes posible.
Marcela Guzmán afirmó se considera el interponer una denuncia penal pues también se configura la probable comisión de un ilícito.
Recalcó que no se trata de intereses políticos, sino de hacer lo que se tiene que hacer, por lo que en ese sentido la Sindicatura puede ser observada por no haber hecho lo propio. Respecto a por qué se hace el señalamiento hasta ahora contestó que estaban reuniendo el caudal probatorio suficiente para poder solicitar el juicio, donde aún se está dentro del tiempo legal estipulado para ello.
