Por Héctor Fernando Guerrero Rodríguez
Como cada año, como cada diciembre, este año también se ha dado a conocer el porcentaje de incremento al salario mínimo. Justamente el 3 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum durante su mañanera confirmó un 12% para ser efectivo en 2025. Lo cual es congruente con lo comentado en semanas anteriores por ella misma y se apega al plan de que con incrementos en este rango se logre una equivalencia de 2.5 veces la canasta básica.
Actualmente ronda en 1.6 veces. Con esta medida, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por sindicatos y empresarios, el ingreso diario pasará a 419.8 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte y a 278.8 pesos en el resto del país. Se trata de una buena noticia para los 8.5 millones de mexicanos que perciben el salario básico por el incremento estará por encima de dos dígitos. Sin embargo, este avance también plantea retos importantes que no pueden obviarse.
El incremento salarial tiene un impacto inmediato y positivo en los hogares de menores ingresos. En un contexto donde la inflación ha erosionado el poder adquisitivo para muchas familias. Más pesos en los bolsillos de los trabajadores deberían significar un mayor consumo interno. No obstante, aunque un salario mínimo diario de 419.80 pesos representa un avance frente a los 88 pesos diarios de 2019, aún está lejos de ser suficiente para cubrir las necesidades de una familia promedio. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la línea de bienestar, que incluye alimentación, vivienda y otros servicios básicos, sigue superando este umbral en muchas regiones del país. Baja California no es la excepción.
Otro aspecto que no puede pasarse por alto es el impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que constituyen el 99% de las unidades económicas en México. Aunque las grandes empresas pueden absorber con relativa facilidad los aumentos salariales, las MIPYMES podrían enfrentar dificultades. Esto podría traducirse en una menor contratación formal o, peor aún, en despidos. Para evitarlo, el Gobierno debería acompañar estas medidas con incentivos fiscales y programas de capacitación que permitan a estas empresas adaptarse al nuevo entorno.
Pero, no por esto las grandes empresas están exentas de retos con relación a sus colaboradores, ya que desde el 2019 ha tenido que enfrentarse a la llamada compresión salarial, en la que los que ganan el salario mínimo cada vez están más cerca de sus líderes, lo cual desincentiva a estos últimos ya que el nivel de responsabilidad no se equipara a la diferencia en ingreso con respecto al equipo de personal a su cargo.
Un 12% es el porcentaje más moderado que ha habido en este tema en los últimos seis años, pero no deja de significar un impacto a considerar si se tiene en cuenta la casi inminente reducción a la jornada en un 20%. Pero es innegable con todo y estas medidas e incrementos que representan un avance en el tema de justicia laboral, sigue existiendo un rezago que no puede eliminarse de un solo golpe porque también podrían desquebrajar la actividad empresarial, que al final del día es la que mayormente ofrece el empleo formal. Y es aquí donde el gobierno deberá buscar un balance entre trabajadores y empresarios para que se avance en este tema sin desequilibrios para unos o para otros.
