Corrupción violenta derechos humanos

Tijuana.- No sólo los derechos cívicos se ven afectados cuando un gobernante incurre en una situación de corrupción, sino también los derechos humanos, alertó el académico de la Universidad de Salamanca (España), Mario Hernández Ramos.

De acuerdo a la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad, elaborada por INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en Baja California existe un 90 por ciento de percepción de corrupción, que coloca a la entidad en el lugar 15 a nivel nacional.

El estándar de la responsabilidad política, dijo el académico durante su conferencia magistral “Anticorrupción, transparencia y buen gobierno”, es un proceso que tiene como objetivo evitar la corrupción. Consiste en ser transparente, de informar, explicar e incluso rectificar cuando la situación lo amerite.

Explicó que un gobernante debe tener la capacidad de asumir el interés público, para tomar en cuenta las peticiones que le hacen los gobernados.

“Es lo único que ha de tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión”.

Deben cumplir gobernantes

Una de las exigencias a la hora de implementar las políticas públicas es que los representantes deben dar ejemplo.

El gobernante debe cumplir con la responsabilidad política que incluye la obligación de responder a las preguntas que le formulen los representados.

“Quiero saber qué está haciendo, por qué lo está haciendo. Me tiene que informar. La responsabilidad está enfocada en dar información al ciudadano”, indicó el catedrático.

Sin embargo, existe la violación de derechos por parte de las autoridades, en la que se deja de lado la transparencia, es decir, el derecho a la información de los ciudadanos.

Por otra parte está la rendición de cuentas por parte de los representantes, quienes están obligados a explicar las decisiones que toman.

El principio de integridad al que debe apegarse un servidor público, subrayó, consiste en evitar situaciones que pudieran influenciar negativamente en el desarrollo de las funciones que realiza.

Al igual que el principio de objetividad que pretende evitar el tráfico de influencias, o llamadas coloquialmente “palancas” en diversos niveles de gobierno.

Hernández Ramos dijo que un eje fundamental del comportamiento adecuado por parte del gobernante es la transparencia.

Consideró como una herramienta que debe ser accesible para el ciudadano, que pueda comprenderse y ser útil para conocer en qué proyectos se utilizan los recursos de los impuestos.

Otra característica es la solicitud de que el gobernante abandone el cargo, en caso de no cumplir con la transparencia requerida que demandan los representados.

“Vamos a despellejarlo públicamente para que se vea qué tipo de persona es. Qué tal si el señor quiere gobernar dentro de diez años. Ser políticamente responsable no es una conclusión, sino que es un estándar de comportamiento, es un proceso”.

Resalta iniciativa “3 de 3”

De acuerdo al estudio de percepción de la corrupción elaborado por el INEGI, el índice de gravedad de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, las observaciones se clasificaron en cuatro tipos: la observación de fallas administrativas, no se justifica o comprueba algún gasto, se presume daño o perjuicio de recursos, o evasión fiscal y la responsabilidad resarcitoria y denuncia de hechos.

El académico de la Universidad de Salamanca resaltó la iniciativa “Tres de Tres”, que busca reconstruir la confianza ciudadana sobre la clase política, y la cual no todos los funcionarios deciden atender, compartió que el objetivo de este tipo de legislaciones es la transparencia y honestidad, evitar que los actores políticos puedan beneficiarse y obtener recursos a través de su cargo.

“No es necesario que la persona que declara diga dónde se encuentra su patrimonio, basta con exponer el valor catastral de sus predios o autos, por mencionar algunos, al final cuando el político termine su cargo estos datos permitirán realizar una valoración y comparación de transparencia”.

El resto de los principios de Nolan

–                      Responsabilidad

–                      Transparencia

–                      Honestidad

–                      Capacidad de decisión

Percepción de la corrupción en seguridad pública

–                      Baja California ocupa el lugar 15 con un 90%

Primeros lugares de percepción de corrupción

–                      México

–                      Tabasco

–                      Tamaulipas

Últimos lugares de percepción de corrupción

–                      Colima

–                      Sonora

–                      Nuevo León

Fuente: Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad (INEGI),

 

Percepción de corrupción en administración de justicia (2011-2015)

–                      Baja California ocupa el lugar 17 con un 70 por ciento

Primeros lugares en percepción de corrupción en administración de justicia

–                      Ciudad de México

–                      Estado de México

–                      Morelos

Últimos lugares en percepción de corrupción en administración de justicia

–                      Zacatecas

–                      Guanajuato

–                      Tamaulipas

Fuente: Auditoría Superior de la Federación.

 

Porcentaje de servidores públicos de acuerdo a irregularidades investigadas por la Secretaría de la Función Pública (2000-2014)

1.- Incumplimiento en declaración de la situación (43.44%)

2.- Negligencia administrativa (37.51%)

3.- Violación de leyes y normatividad presupuestal (10.21%)

4.- Abuso de Autoridad (4.07%)

5.- Violación de procedimiento de contratación (3.61%)

6.- Cohecho o extorsión (0.93%)

7.- Ejercicio indebido de funciones en materia (0.05%)

8.- Violación de Derechos Humanos (0.01%)