Y usted ¿a qué vino?: Vino y gobierno

Hace algunos días tuve la oportunidad de conversar con Armando Lara. Él es el Director General del Coplade, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (de Baja California, por supuesto). Hombre serio, enterado y ecuánime y quien toma las cosas con calma cuando los ánimos se encienden al tocar un tema que apasiona a ya no tan pocas personas hoy en día: el presente y el futuro de la industria del vino en México.

Yo le agradezco el haber compartido información que considero valiosa con relación a este tema. Además, y no es poca cosa, redactada con esmero, atendiendo no solo al contenido sino a la redacción y la sintaxis, aspectos que muchos ignoran de manera supina, como si escribir correctamente ya no fuera necesario o importante.

La REDPOL (red latinoamericana de investigación, educación y extensión en políticas públicas) es ejemplo de ello y en concreto el documento que Armando ha puesto en mis manos, llamado “La industria vinícola mexicana y las políticas agroindustriales: panorama general”. Sus autores, Isabel Font, Patricia Gudiño y Arturo Sánchez, profesores investigadores de la UAM, resumen en una veintena de páginas el panorama actual de la industria vinícola mexicana. Sin aspavientos y sin falsos elogios, ubican al lector en la realidad del sector, quizás pasando por alto el enorme esfuerzo que los productores bajacalifornianos realizan, año con año, a través de la organización de las fiestas de la vendimia, acontecimiento que ha trascendido las fronteras de nuestro país y que hoy en día es un referente obligado de la amplia agenda turística nacional.

Nada reprocharía yo al documento salvo las alusiones a dos asuntos específicos: por un lado el tema de los precios del vino mexicano y por otro el de la publicidad y la promoción de los productores de vino de nuestro país. España, por poner un ejemplo, tiene doscientos vinos más caros que el más caro de los vinos mexicanos, sin embargo ofrece miles de vinos más baratos que el más barato de los vinos mexicanos. Y esto es resultado de cantidad de oferta y volúmenes de producción.

Mientras no exista una política clara, decidida y contundente en favor de la industria vinícola en nuestro país, es poco probable que se presenten inversionistas corporativos que quieran apostar al fortalecimiento y consolidación de la misma creando las condiciones idóneas para abatir precios de salida sin detrimento de la calidad, con todo y la piedra del pípila llamada ieps. Por otro lado, una industria incipiente requiere de un apoyo incondicional por parte del gobierno, en especial en lo que tiene que ver con la difusión, promoción y publicidad del vino mexicano.

Pensar que sesenta o setenta pequeñas bodegas pudieran invertir en la compra de espacios publicitarios en medios masivos como la radio o la televisión es solo una ilusión, sin embargo, al quedarse con un 25% del valor de cada botella de vino, el gobierno está más que obligado  a asumir el papel de promotor y gestor publicitario del vino mexicano.