Y entonces… ¿qué pasara?

Por Lucy Ocaña
En México hablar de narcotráfico, delincuencia organizada, funcionarios involucrados con los “narcos”, no son temas desconocidos. Desde hace ya varias décadas que estos temas se han comentado, han sido notas de ocho columnas en los medios de comunicación y las autoridades han tenido que diseñar programas, estrategias y gastar muchas palabras, tratando de dar respuesta a las preguntas,  demandas y exigencias de los ciudadanos; sobre todo de los que se han visto afectados en sus familias, su persona o sus bienes.

Hay algunos estados de la republica más involucrados que otros y por características diferentes; por ejemplo, en Michoacán, Guerrero, Durango y Sinaloa principalmente por ser lugares de siembra de algún tipo de droga (o base).  Otros como Baja California, Chihuahua (y en general el norte) por el cruce de la droga a Estados Unidos. Por lo mismo estos estados se han convertido en el escenario de muchas y cruentas luchas entre los mismos delincuentes, por tener dominio de plazas.

Desafortunadamente, desde que llegaron las drogas sintéticas, el problema aumentó, porque ahora en cualquier cuartucho se puede fabricar este veneno que tanto está dañando, principalmente, a los jóvenes.

Pero ahora se suma una situación aún más peligrosa. Si bien hemos conocido (y los que nos faltan por conocer) de gobernantes involucrados con los “narcos”, también hay que reconocer que existen otros que han dejado de lado “el trato” con ellos y se dedican a dar su mejor esfuerzo por cumplir con sus responsabilidades.  El problema que estamos viendo, es que los miembros de la delincuencia organizada, ya están presionando a muchos de estos gobernantes elegidos democráticamente, para que les respondan a ellos y de no ser así, están cobrándoles con su vida o las de sus familiares cercanos, su desacato.

Hace unos años sucedió con el candidato a gobernador de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú (fue sustituido por el hermano), en enero de este año Gisela Mota Presidente Municipal de Temixco, Morelos, en esta semana  Ambrosio Duarte el Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, y Delfino Nieto el esposo de Alba Mier Castellanos la Presidente Electa del municipio de Mártires de Tacubaya, Oaxaca. Y el Presidente Municipal de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González (aunque este por otro tipo de delincuencia). 

No haré referencia en esta columna a los asesinatos de elementos policiacos o relacionados  con la procuración de justicia (estatales o federales), porque eso requiere no una columna, sino todo un ensayo.

Retomando el tema; si bien a excepción del candidato a gobernador de Tamaulipas (que ocurrió hace 6 años) los últimos atentados han sido en municipios relativamente pequeños, lo cual podría no llamar tanto la atención nacional; sin embargo, recordemos la situación vivida no hace mucho en Michoacán, con quien fue primero Secretario General de Gobierno y luego Gobernador interino Jesús Reyna y que se encuentra en prisión por vínculos con el narcotráfico. 

Van 73 Presidentes Municipales asesinados de 2013 a la fecha, según la Asociación de Municipios de México. El problema es que si no se detiene a los autores de estos asesinatos, así como a los autores intelectuales (de haberlos), seguirá creciendo el nivel de los atentados y entonces tendremos como resultado que los políticos íntegros no querrán contender en ese tipo de municipios y solo lo harán, quienes estén ya vinculados a los delincuentes.  Y entonces… ¿qué pasara?

México ya tiene suficientes problemas, como para sumarle los de la desestabilización inducida por la delincuencia. El gobierno requiere actuar con gran energía, sin contemplaciones hacia ningún involucrado.