Violencia política

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“Lo que se obtiene con violencia, sólo puede mantenerse con violencia”, Mahatma Gandhi

Violencia política es una acción que infiere en el ejercicio de los derechos políticos de una persona o grupo, obstruyendo su libre participación en las decisiones públicas, siendo utilizada por gobiernos u organizaciones criminales en contra de funcionarios públicos, candidatos a puestos de elección, periodistas, activistas y organismos de la sociedad civil.

En una democracia, las decisiones públicas se toman de acuerdo al bien común en base a los argumentos expuestos por las partes, por lo que el respeto a la libre participación política de los ciudadanos es fundamental en un estado democrático.

En ese contexto, la violencia política restringe la libre expresión, y por consecuencia, la posibilidad de participación de los ciudadanos en la búsqueda del bien común.

Existen varios tipos de violencia política, siendo la más grave el asesinato de una persona para cooptar su posibilidad de acción y expresión, donde los grupos más vulnerables son los arriba descritos.

Mención particular merecen las mujeres, pues a pesar de todos los mecanismos diseñados para defender su participación, siguen encontrando enormes obstáculos para ejercer sus derechos políticos-electorales.

Según un reporte de Integralia Consultores, desde el inicio del actual proceso electoral en septiembre 2020, y con corte a febrero 2021, en México se han contabilizado 75 asesinados categorizados como violencia política, donde 51.6% de estos han sido en contra de funcionarios en activo, 19.8% a militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 13.2% contra ex funcionarios públicos, y 15.4% en contra de activistas y periodistas, 17% de las víctimas han sido mujeres.

Se asume que una buena parte de estos incidentes han sido cometidos por el crimen organizado, buscando coludir o controlar gobiernos locales, donde esto ha sido posible debido a los altos niveles de descoordinación que existen en los tres ordenes de gobierno responsables de la seguridad.

Recientemente la Secretaría de Seguridad Pública Federal presentó su estrategia para ofrecer protección a candidatos en riesgo durante el proceso electoral en puerta, acción que se antoja algo tardía dado el tamaño y magnitud de este proceso electoral y los resultados ya descritos.

Una estrategia integral a largo plazo debería buscar reducir los altos niveles de impunidad que imperan en torno a este fenómeno delictivo, deteniendo el fortalecimiento de grupos del crimen organizado.

Finalmente, de igual manera se considera violencia política aquellas acciones por parte de los gobiernos con el objetivo de condicionar programas de beneficio social con el objetivo de coaccionar el voto, así como las acciones de reprimenda que utiliza el aparato del estado para suprimir manifestaciones públicas, utilizando el aparato oficial para dirigirlo contra sus propios ciudadanos.

Algunos ejemplos claros de estas acciones son auditorías por parte del estado a empresas de supuestos enemigos políticos, o descalificaciones y denostaciones a organismos civiles y empresariales que critican las acciones de gobierno.

Esta violencia política desde el poder, muy frecuente en gobiernos dictadores, es claramente contraria al ideario democrático que respeta las ideologías de sus adversarios y apuesta al dialogo para solucionar conflictos.

En un estado democrático, es imperativo denunciar y rechazar la violencia política en cualquiera de sus manifestaciones, asegurándole a la ciudadanía que estos actos no serán tolerados por las autoridades electorales, donde las instituciones responsables deben actual con estricto apego a la ley para prevenirlos y evitarlos.