Por Juan Manuel Hernández Niebla
“No existe razón donde hay fuerza”, Calderón de la Barca
Hemos atestiguado recientemente diversos acontecimientos de abusos policiacos, que aunados a diversos movimientos de distintas policías del país abogando por sus derechos laborales, y sumados a la espiral de violencia que vivimos, auguran un serio conflicto entre gobierno-sociedad-corporaciones policiacas.
Todas las encuestas ubican a las policías locales como las peores evaluadas en cuanto a confianza ciudadana, considerándolas como abusivas y extorsionadoras.
Dos eventos recientes de esta índole fueron el asesinato de la mujer salvadoreña en Tulum por parte de policías municipales, y la arbitraria detención del periodista en Tijuana cuando cubría un reportaje.
Estos eventos de abusos policiacos en Tijuana han crecido exponencialmente: la ejecución de un indigente en una gasolinera al ser detenido, el asesinato en fuego cruzado de un niño, el asalto a una familia por policías estatales, incluido un ex jefe policiaco que no puede ser candidato por violaciones a los derechos humanos durante su gestión.
Pareciera los abusos policiacos son la regla y no la excepción, especialmente contra personas vulnerables como jóvenes, mujeres, grupos indígenas y migrantes, haciendo que la sociedad no confíe en quien debiera protegerla.
Consecuentemente, ¿están nuestras policías condenadas al fracaso?, esto en el entendido de que si fracasan nuestras policías fracasamos como sociedad, particularmente aquellos buenos policías que cumplen con su deber y arriesgan su vida diariamente.
Para entender la raíz del problema y evaluar posibles soluciones, es importante entender las condiciones actuales de la mayoría de las policías del país.
Diversos estudios demuestran 8 de cada 10 policías tuvieron que adquirir de su bolsa sus accesorios de protección, incluido su uniforme.
Igualmente, sólo 30% son capacitados en mecanismos de comunicación con la ciudadanía, técnicas de arresto, uso de la fuerza, mediación de conflictos, y respeto a los derechos humanos.
La mayoría no recibe un sueldo acorde a su responsabilidad ni las prestaciones sociales correspondientes.
Los policías viven un contexto de violencia extrema, enfrentando grupos criminales que cuentan con mayores recursos económicos, armamento y capacitación, situaciones que los someten a un estado constante de estrés ante posibles ataques y venganzas si cumplen con su deber.
El modelo de policía en México subordina a las mismas al poder político del gobernante en turno, con cambios constantes en la estrategia, donde no existen consecuencias directas para los altos mandos recayendo toda la responsabilidad en la tropa.
Sin justificar los abusos policiales, gobierno y sociedad hemos omitido nuestra obligación de construir policías capacitadas, profesionales y de carácter civil.
Igualmente, nuestro modelo policial es de coerción con un enfoque reactivo y punitivo, olvidándonos las policías locales son preventivas.
Debemos trabajar hacia un modelo policial que conciba la seguridad como un derecho humano, enfatizando es la obligación del gobierno en proporcionarla, enfocando la participación ciudadana hacia la prevención del delito.
Concluyendo, mientras no exista un esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno donde asuman su responsabilidad de mejorar las condiciones de trabajo de los policías, buscando la construcción de corporaciones de seguridad profesionales, capacitadas y civiles, transitando de un enfoque de seguridad publica hacia uno de seguridad ciudadana, los abusos y el uso excesivo de la fuerza de nuestras policías seguirá siendo desafortunadamente el común denominador.
