Una nueva cruzada por la seguridad

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“Los equipos comparten la carga y dividen la pena”, Doug Smith

La semana anterior el presidente declaró a BC como el estado mas violento del noroeste del país.

El anuncio no causó ninguna sorpresa, sistemáticamente nos hemos mantenido nacionalmente en los primeros lugares en delitos de alto impacto, esto ante la indiferencia de la mayoría de las autoridades municipales y estatal.

En mi responsabilidad como representante ciudadano de seguridad en el estado, he intentado presentar, infructuosamente, diversos diagnósticos y propuestas de solución al tema, donde desafortunadamente y con algunas excepciones, no he recibido respuesta de las autoridades.

Actualmente sigue existiendo un déficit de policías municipales y estatales, donde algunas, especialmente la estatal (GESI), ha tenido incidentes de profunda corrupción y abuso de autoridad contra ciudadanos, aun cuando al inicio de esta administración prometieron reformarla.

El sistema de justica está igualmente desbordado, con déficits de agentes del MP e investigadores, jueces, y salas de audiencia.

La justicia está parada, su proceso es lento y burocrático, empeorándose aún más a raíz de la pandemia, y con nula voluntad política para restaurarla.

Aunado a esto, estamos en el umbral de un proceso electoral que en el pasado nos ha incrementado la violencia cada vez que ocurre, donde consecuentemente toma particular importancia el involucramiento de la ciudadanía para asegurar una transición efectiva hacia las nuevas administraciones.

Baja California necesita un nuevo pacto entre sociedad y gobierno a favor de la seguridad, una nueva cruzada por la seguridad.

Recordemos en el Estado hemos tenidos dos cruzadas previas, la primera firmada en noviembre 2008 convocada por el entonces gobernador Osuna Millán, donde a seis días del pacto, ejército y marina tomaron control de la policía de Tijuana. La cruzada tuvo enorme éxito regresando la tranquilidad a los tijuanenses.

La segunda cruzada se firmó en julio 2017 y fue convocada por Kiko Vega, el documento firmado era rico en estrategias, pero desafortunadamente adoleció de la voluntad política del gobernador, convirtiéndose en una simple simulación sin resultados.

Hoy necesitamos una nueva cruzada que incluya compromisos específicos para gobernador, alcaldes, fiscalía, poder legislativo y judicial, valorando la posibilidad de entregarle la coordinación única en seguridad de nueva cuenta a ejército, marina y guardia nacional, con la subordinación de las policías municipales y estatales.

El documento debe establecer lineamentos de rendición de cuentas basados en métricas de desempeño, reclutamiento y verdadera depuración de las corporaciones policías, así como transparencia y revisión constante de la utilización de recursos en seguridad y administración de justicia, fortaleciendo la operatividad del 911 y atención a la denuncia ciudadana.

A la Fiscalía se le debe obligar a fortalecer los ministerios públicos y el combate al delito de alto impacto, incluyendo homicidios y narcomenudeo.

Igualmente se debe fortalecer los programas de combate a las adicciones y el rescate de espacios públicos de las zonas con mayor incidencia delictiva.

Al congreso se le debe involucrar en la revisión y publicación de las leyes necesarias para hacer más efectiva la impartición de justicia, exigiendo paralelamente al poder judicial garantizar el estado de derecho y justicia pronta y expedita.

Finalmente, y con el objetivo de asegurar una transición adecuada a los nuevos gobiernos, se debe involucrar a los organismos ciudadanos a través de mesas de seguridad municipales y estatales.

La seguridad es tarea de todos, pero es obligación de los gobiernos primero reconocer el problema, para poder articular soluciones y unir esfuerzos.