Un round más para la nueva ley de subcontratación

Por Héctor Fernando Guerrero Rodríguez

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador escribía en su cuenta de Twitter: “Hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y sindicales en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”. A lo cual posteriormente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) indicó que dichos acuerdos se relacionan en detalle con la prohibición de la subcontratación de personal, lo regula únicamente para servicios especializados que no tengan que ver con el objeto social de la empresa que los contrata y, además entre otros aspectos, se establece la inscripción a un padrón de público de empresas que proporcionan dicho servicio.

Ambas aseveraciones no dejaron de generar diversas conjeturas e hipótesis sobre que sí y que no realmente se presentaría como proyecto de ley. Es hasta esta semana cuando la Cámara de Diputados aprobó finalmente el dictamen de la iniciativa de que modifica varias leyes relacionadas con el tema de subcontratación, lo cual sucedió con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones.

En términos generales esta ley pretende prohibir la figura de subcontratación y solo la permitirá en casos especiales. Tales excepciones tendrán lugar cuando se contraten servicios especializados distintos al objeto social de la empresa, que no se lleven a cabo actividades preponderantes y deberán estar inscritos en un padrón mencionado anteriormente.

Un ejemplo muy citado es la contratación de servicios de guardias de seguridad para una planta de manufactura de automotriz. Lo anterior va a ser permitido. Sin embargo, la empresa contratante deberá asegurarse que los empleados de seguridad reciban todas las prestaciones de ley correspondientes, aun cuando no sean sus propios trabajadores. De no ser así, quien contrata deberá hacerlo como un obligado solidario.

Otro aspecto importante es que ahora las empresas de outsourcing deberán indiscutiblemente respetar la antigüedad de los trabajadores contratados y las prestaciones derivadas de la misma. Ya que actualmente son varias empresas de subcontratación que no lo hacen obligando a sus empleados a firmar su renuncia de manera periódica. Con relación a las utilidades, están tendrán un tope máximo del equivalente a tres meses de salario o al promedio del monto recibido en los últimos tres años. Lo que resulte más alto.

Las empresas que proporcionen servicios de reclutamiento de personal podrán seguir haciéndolo, pero solamente podrán hacer la búsqueda de candidatos, seleccionarlos, entrenarlos y capacitarlos, pero no podrán ejercer como patrones de estos.

Se deberán presentar reportes periódicos al Infonavit de los contratos celebrados con empresas de subcontratación y los salarios base pagados. Esta institución podrá reportar ante la STPS el incumplimiento de obligaciones. Las empresas que impidan inspecciones por parte de las autoridades laborales se harán acreedoras de altas multas que pueden ir por montos hasta de alrededor de 400 mil pesos. Pero quienes llevan una multa todavía más alta serán las empresas de subcontratación que operen sin contar con el registro de la STPS. Utilizar esquemas simulados será considerado un delito con pena de cárcel.

Una vez que se publique esta ley, estará vigente tres meses después de su publicación en el Diario Oficial, excepto por una serie artículos que regularán el aspecto fiscal, los cuales entrarán en vigor a partir de agosto independientemente de cuando fuera publicada. De aprobarse, aplica tanto para gobierno y sector privado.

Es indiscutible que en esta “ronda” no hubo grandes sorpresas después de lo comentado por la secretaria del trabajo, la licenciada Luisa María Alcalde Luján. Ahora esta propuesta de ley va de regreso al Senado a continuar con su proceso legislativo, pero sin duda alguna ya es más una realidad que una probabilidad.