UBER: servicio de interés público

Por: Noé López Zúñiga

Desde un análisis socioeconómico y jurídico,UBER es un ejemplo claro de una empresa libre, un modelo de negocio moderno, que gracias a la tecnología ofrece un servicio de transportación a los ciudadanos de manera eficiente, pero no regulada.

 

La empresa UBER desde su fundación en San Francisco, California, ha establecido sus propias reglas y no ha permito se le aplique mucha reglamentación por parte de las autoridades en donde opera, pues sus creadores consideran que es un servicio privado y según ellos, debe ser únicamente regido por la Ley de la Oferta y la Demanda. Esa ideología en Estados Unidos, es tal vez funcional, pero en un país como el nuestro, con poco desarrollo y competitividad, genera conflictos graves y sobre todo, injusticias evidentes a la clase trabajadora, y a los sindicatos de choferes, que por cierto, cada vez más, son desposeídos de sus derechos económicos y laborales.

Es importante señalar que aun cuando el servicio UBER aparenta ser de naturaleza privada y por tanto clasista, porque su contratación se origina a partir de un software electrónico en teléfonos inteligentes, al que no todos tienen acceso; y es por lo que jurídicamente lo quieren hacer ver estrictamente solo como un contrato de prestación de servicios.

Sin embargo,  no hay que olvidar que el objeto del servicio es la movilidad de personas de un lugar a otro, esto se traduce a su vez, en el uso de carreteras y bulevares de la ciudad, que son de naturaleza pública, luego entonces, este servicio debe considerarse de interés público, aunado a que el movimiento de personas de un punto a otro, incide en el desarrollo de la ciudad y como tal, existe un interés público.

Si bien es cierto, Tijuana requiere promover un transporte eficiente, seguro, competitivo y sustentable, con miras a un desarrollo urbanístico armonioso, pero sin perder de vista los principios del Estado de derecho; por tanto, si el sistema de transporte público urbano (taxis, camiones y calafias), operan a través de concesiones o permisos del gobierno y con una reglamentación específica; entonces sin duda, UBER como empresa dedicada al servicio del transporte o movilidad de personas, también debe operar con una autorización gubernamental y con reglas claras y ad-hoc a las exigencias del desarrollo, a fin de que preste su servicio de una forma normal y regulada, y se genere así, esa competitividad que debe incidir en el desarrollo de la economía de la ciudad, logrando además, la mejora continua del servicio de transporte público.

Es obligación de todo buen gobierno, generar competitividad sana, por tanto, todos los ciudadanos debemos considerar que si el  sistema de transporte público opera a través de un permiso, entonces es necesario que el servicio UBER opere también con una anuencia gubernamental y de forma regulada, ya que de lo contrario, esta omisión estaría otorgándole privilegios a la empresa UBER, en perjuicio de la propia competitividad  y del interés público y consecuentemente, estaría violando los derechos económicos del gremio de choferes.