UABC: La manzana de la discordia que todos quieren morder

Por Noé López Zúñiga

Debido a la crisis financiera o insolvencia económica en la que se encuentra la UABC, ante la morosidad e irresponsabilidad por la falta de ministraciones mensuales que dejó de pagar el  Gobierno de Kiko Vega, la UABC se ha convertido desafortunadamente en la manzana de la discordia que todos quieren morder; principalmente ante la tentación que esto representa para las  fuerzas políticas del estado, al querer provocar de forma intencional que sea nuestra máxima casa de estudios el centro de disputas, desavenencias y discrepancias políticas que debieran ser ajenas a la vida de la institución universitaria. Escenario que desde luego desconocemos, pues sin duda la UABC no debe ser utilizada como un centro de debate político en el que se vea mermada o sesgada su autonomía universitaria, pues si bien es cierto, debemos manifestarnos, protestar  y reprobar la morosidad e irresponsabilidad en la que ha caído el gobierno en turno y que sin duda va a heredar el gobierno electo bonillista, la deuda millonaria a la UABC, no debe ser utilizada con fines políticos o para satisfacer intereses ajenos a la institucionalidad universitaria.

La UABC forma seres humanos que se convertirán en profesionales de las distintas áreas del conocimiento y la ciencia y no puede ser utilizada de ninguna otra forma que no sea para los fines para la cual fue creada. La UABC es una institución pública de educación superior descentralizada de la administración del estado de Baja California y con plena capacidad e independencia jurídica para atender sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión de la cultura. Constitucionalmente es autónoma en cuanto a la libertad de cátedra y opinión y además en cuanto a que administra sus recursos a través de autoridades propias, es decir, universitarias, que son independientes de la administración federal y estatal.

Por lo mismo, consideramos que en principio la oferta de bienes inmuebles que la UABC lanzó a través del Patronato Universitario, para hacer frente a la incertidumbre financiera que atraviesa,  por lo menos desde lo jurídico, es legalmente posible, en principio porque dichos inmuebles no estaban destinados a servicios educativos, pues según lo publicado, son bienes inmuebles vacios o sin uso, aunque forman parte del patrimonio de la institución, no están destinados a los fines de la misma. Este argumento se fundamenta en el artículo 3 de la ley orgánica de la UABC que establece que la Universidad tiene facultades y derechos para organizarse y regirse a sí misma como mejor convenga a sus fines e intereses; a su vez, el artículo 31 de la misma ley, establece que los inmuebles que formando parte del patrimonio de la Universidad estén destinados a sus servicios serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y no podrá constituirse sobre ellos gravamen alguno de carácter estatal o municipal. De lo anterior se entiende que todos aquellos bienes que no estén destinados a los fines de la docencia, difusión de la cultura y la investigación, pueden ser vendidos o afectados en fideicomiso, pues la UABC en pleno ejercicio de su derecho de propiedad puede usar, disfrutar, disponer y reivindicar sus bienes como mejor le convenga, pues su autonomía constitucional y el derecho de propiedad se lo permite, siempre y cuando los recursos obtenidos sean destinados a dichos fines: educar, investigar y difundir cultura.

El Patronato como autoridad universitaria que es, está facultada para sacar a la oferta pública dichos bienes, toda vez que la ley en cita, establece entre otras cosas, que es su facultad la administración del patrimonio universitario, manejar todos los recursos ordinarios y extraordinarios que por cualquier motivo perciba la Universidad; formular el inventario y catálogo de los bienes que integren el patrimonio universitario, a efecto de realizar sobre ellos un control adecuado; etcétera.

Ahora bien, no obstante toda esta fundamentación legal, la UABC en días pasados, canceló la oferta pública de bienes inmuebles, pues existió una fuerte y amenazante presión política que auspicio el Poder Legislativo Local, en el sentido de que ante su desacuerdo con la UABC por haber sacado a la oferta pública bienes inmuebles, el Congreso local reaccionó convocando a la Asamblea para reformar la ley orgánica de la UABC y establecer un contralor general ad-hoc dentro de la administración patrimonial de la UABC, que desde luego violentaría la autonomía universitaria y por tanto inconstitucional, porque desde nuestra perspectiva colisionaría respecto lo que establece la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Federal, en la que se establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Así, esta fracción constitucional es clave para entender que aun cuando el Congreso Local es un soberano y tiene facultades para reformar la ley orgánica, no puede ir más allá de lo que establece la constitución, en el sentido de imponer un contralor ad-hoc y sobre todo ajeno al gobierno o autoridad universitaria, pues esto implicaría sin duda, un atentado al principio de autonomía en su modalidad de autoformarse, autoadministrarse y autoregirse o autogobernarse.

Debemos entender que la autonomía no es un adorno y no sólo implica que existe la libertad para determinar los planes de estudio y su contenido, el ejercicio de la libertad de cátedra y de pensamiento de la que disfrutamos y ejercemos todos los que trabajamos en esta casa de estudios, sino también, implica la facultad que sea la misma institución, la que administre sus recursos, sus bienes y esto implica ejercer plenamente todos los atributos del derecho de propiedad: uso, disfrute, disposición y reivindicación de aquellos bienes que conforman el patrimonio universitario, inclusive el poder venderlos cuando dichos bienes no estén destinados al servicio público de educar, investigar y difundir la cultura.

Finalmente, la UABC goza de autonomía y debe utilizarla como un instrumento constitucional para lograr la eficacia del derecho humano a la educación superior y todo lo que eso implica en una sociedad democrática, y en particular, los universitarios debemos exigirlo con responsabilidad y con la máxima transparencia.

Ir a: Pide UABC juicio político contra gobernador Kiko Vega