¿Tijuana verde?

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“La tiranía sólo lleva al fracaso”. Robin Hood

Argumentando utilidad pública, el gobernador anunció la intención de expropiar el Club Campestre de Tijuana, para convertirlo en parque público en beneficio de todos los tijuanenses.

El argumento de la intención es que siendo Tijuana el municipio mas poblado el país, no tiene suficientes áreas verdes, y el Campestre no beneficia a todos los tijuanenses.

Ciertamente nuestra ciudad requiere más áreas verdes, pero la lógica expropiatoria no tiene sentido jurídico ni económico.

La Constitución define legalmente la expropiación como el acto jurídico por el cual el Estado priva a una persona de su propiedad, siempre y cuando se cumplan dos actos: sustentar la utilidad pública del bien expropiado, y el pago de una indemnización.

En el asunto que nos ocupa, la “utilidad pública” de expropiar un área verdad para beneficio común se antoja difícil de demostrar, en el sentido que existen opciones más viables y menos caras, unas serían habilitar adecuadamente los más de diez parques que actualmente existen, algunos históricos y emblemáticos como el Teniente Guerrero, el Morelos y el de la Amistad, casi todos actualmente en el abandono y sin mantenimiento adecuado.

Evitando exponerse jurídica y financieramente, el gobierno debería priorizar la utilidad pública de los parques existentes, diseminados a lo largo y ancho de la ciudad, particularmente en la zona Este donde hay más densidad poblacional, y consecuentemente de más fácil acceso para familias tijuanenses.

Consecuentemente, la idea expropiatoria no parece tener sustentabilidad jurídica, lo que auguraría un proceso legal largo y costoso para las partes, cuya resolución se daría posterior al término del gobierno actual.

En cuanto a la lógica económica de la intención, indemnizar a los dueños de la propiedad de más de 50 hectáreas, ubicada en el corazón económico de Tijuana, costaría al erario entre $900 y $1,600 millones de pesos. Adicionalmente, mantener el “pulmón verde” que representa el Campestre y sus instalaciones, debe costar anualmente $85 millones.

Analizando la precariedad de recursos financieros de los gobiernos actuales, no es claro de donde provendrían estos recursos indemnizatorios y el mantenimiento anual. Suponiendo estos recursos existieran, ¿por qué no invertirlos mejor en el sector salud, el de seguridad y el de educación, que nos generarían mayores beneficios y sustentabilidad a largo plazo?

Analizando opciones adicionales, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), organismo civil sin fines de lucro que, en coordinación con el gobierno estatal, municipal e iniciativa privada, se encarga de la planeación de proyectos de urbanización a largo plazo para elevar el desarrollo económico y social de Tijuana, tiene un capítulo para un sistema metropolitano de parques urbanos, que incluye la creación de áreas verdes públicas, en particular cinco nuevos parques.

Los cinco parques serian el Piloto, los Olivos, la Presa, Pasteje, y Colonia Federal. A una fracción del costo que implicaría expropiar el Campestre, estos parques estarían ubicados en zonas emblemáticas de la ciudad como los Olivos, la Presa y la Colonia Federal.

Los proyectos ejecutivos del CDT incluyen la optimización del mantenimiento a través de utilizar los mantos friáticos, manejo de residuos sólidos, energías alternas y aprovechamiento de aguas residuales.

Estos nuevos parques estarían diseminados en toda la ciudad, donde aunado a los parques existentes, incluiría ciclovías, museos, senderos, miradores y puentes.

Concluyendo, si queremos una Tijuana verde, existen opciones, existentes o nuevas, que embellecerían nuestra ciudad sin vulnerar el patrimonio y el estado de derecho.