Suspenden programa Immex a empresas de Tijuana

TIJUANA.- El número de empresas que han sido suspendidas en sus programas IMMEX por parte de la Secretaría de Economía, se incrementó hasta un 18% en este 2015, siendo Tijuana la ciudad del país donde más maquiladoras han sido sancionadas, lo cual deriva en pérdidas millonarias para el sector manufacturero de exportación.

Así lo reveló el director de auditoría de la firma TLC Asociados, Guillermo Jiménez Mendoza, quien detalló que durante 2014 en México se suspendieron a 384 empresas por no presentar el Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior, en lo que va de 2015 van 456 empresas que incumplieron con dicho reporte.

 

En cuanto a las empresas que no cumplieron con requisitos en el Decreto IMMEX, pasaron de 199 compañías en 2014 a 216 en este año; entre las regiones que encabezan el número de firmas suspendidas está Tijuana con 76 empresas, seguida de Monterrey con 66, Guadalajara con 64, Área Metropolitana de la Ciudad de México con 40 y Culiacán con 30.

Explicó que el pasado 30 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los números de Programas IMMEX suspendidos por no presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior, el cual es de carácter obligatorio y debe transmitirse a la autoridad a más tardar el último día hábil del mes de mayo.

Jiménez Mendoza expuso que ante una obligación muy sencilla algunas empresas se encuentran en una posición de incumplimiento, por lo que se hace efectiva esta suspensión en tanto no se solvente la irregularidad hasta el último día hábil del mes de agosto del presente año.

En caso de no transmitirse dicho reporte a la fecha establecida, los programas quedarán cancelados definitivamente a partir del 1 de septiembre de 2015 y conforme a lo establecido en las Regalas Generales de Comercio Exterior 2015, la autoridad procederá a cancelarlos, advirtió el experto fiscalista.

Abundó que las empresas son suspendidas también por incumplir con requisitos dentro del Decreto IMMEX, tales como el certificado de firma electrónica avanzada del SAT, un Registro Federal de Contribuyentes inscrito y activo como el domicilio fiscal y los domicilios en los que se realicen operaciones al amparo del Programa.

«Ahora bien, en la práctica se ha detectado un aumento en las observaciones relativas al registro del domicilio fiscal, ya que al momento de alguna validación existen inconsistencias que en su gran mayoría requieren la actualización de este concepto o en específico del código postal de la ubicación correcta de las empresas, lo cual no se realiza en tiempo y forma, creando situaciones negativas y de demora para la operación habitual en materia tanto aduanera como fiscal, administrativa y hasta jurídica», precisó.

De igual manera, cuestiones como el reducido margen de los tiempos que se otorgan para transmitir información, la imposición de nuevos reportes que derivan de la celeridad de las operaciones aduaneras, así como el control integral de cada una de las actividades realizadas en las áreas productivas y de inventarios, se ven rebasadas por la carga administrativa diaria, lo que se suma a una escasez del amplio conocimiento de la legislación aplicable vigente que destaque la importancia de mantenerse en un esquema de prevención y no de corrección.

 

«En este sentido, es necesario que las empresas obtengan la asesoría correcta y oportuna en todo lo relativo a sus operaciones de comercio exterior, pues la falta de ella puede marcar la diferencia entre mantenerse dentro de un marco de legalidad específico, justo y su continuidad en el mercado, pero en casos extremos la pérdida de inversiones millonarias», apuntó.