Suelo corrompido

Por Manuel Rodríguez Monárrez

De todo lo que maneja el Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Tijuana, dos proyectos son los que le quitan el sueño al Alcalde de Tijuana en este 2018: mantener sus jugosos contratos de arrendamiento con Turbofin y sacar adelante el compromiso de la concesión del alumbrado de la ciudad con empresa previamente convenido.

Bien dicen, que no se puede construir nada sobre suelo corrompido, y es que a finales de 2017, y tras la salida de Raúl Felipe Luévano como Secretario de Gobierno municipal se destaparon asuntos que en cualquier otra latitud serian motivo de grandes escándalos públicos; como la contratación por casi 3 millones de pesos a un familiar de un funcionario de la empresa Dandy Creativo para la ejecución de las campañas negras en contra de opositores al gobierno. La contratación de un ‘servicio fantasma’ para un centro de atención telefónico por 11 millones adicionales para dar seguimiento a las personas que reciben gestión y apoyo social.

Por otro lado, lo que vivimos en las últimas sesiones de Cabildo con la ilegal concesión anticipada del relleno sanitario, sin analizar de fondo la viabilidad técnico financiera del municipio para brindar el servicio como lo marca la ley, y para comenzar 2018, nos enteramos de la no menos escandalosa contratación de una empresa de uniformes Osuru Trading que no pudo cumplir en tiempo y forma con la entrega de lo pactado a los trabajadores sindicalizados.

Y es que con el pago de los 130 millones de pesos a la empresa Turbofin que el Alcalde de Tijuana irresponsablemente comprometió ya hasta el 31 de diciembre de 2018 se hubiesen podido comprar 67camiones recolectores nuevos para la Ciudad, alrededor de 15 unidades adicionales a las 53 que actualmente le rentamos a una empresa de dudosa reputación y que ya ha tenido problemas anteriormente en municipios como Morelia pues es un intermediario financiero cuyo objeto social no incluye flotillas de camiones recolectores de basura, ni tampoco vehículos policiales.

No sé cómo hemos podido seguir adelante en medio de tanta ilegalidad y es que la de acuerdo al artículo 13 F.III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios: …cualquier proyecto de inversión (alumbrado) cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de UDIS (57MDP) se deberá realizar el correspondiente análisis costo beneficio (un estudio). Por lo que en el caso de Tijuana lo que la Asociación de Comerciantes Eléctricos representada por Rolando Escobedo ha venido exigiendo además de una cuestión de lógica elemental al solicitar un estudio, ahora es también un requisito legal para evitar que los ayuntamientos se sigan endeudando. Y es que conforme a esta misma Ley cualquier obligación que implique pagos financieros mayores a 12 meses es considerada deuda por lo que la Concesión del Alumbrado a 180 meses recae en este precepto aunque los panistas lo nieguen, y tendrá que avalarlo el Congreso del Estado.

Al final del día, todas estas nuevas contrataciones vendrán a sumarse como variables con las que se construyen los indicadores del Sistema de Alertas que analiza el Centro de Estudios de Finanzas Publicas del Cámara de Diputados que colocan a Tijuana en Alerta Amarilla con un nivel de endeudamiento en observación por parte de la SHCP por 2 mil 693 millones de deuda pública, 116 millones de intereses y 523 millones de adeudo a proveedores y contratistas con un nivel de ingresos comprometidos por el orden del 81.3% para 2018. Así como el “white topping” las finanzas municipales se hunden por estar soportadas sobre suelo poco firme, pero ante la evidente corrupción actual la situación empeora cada día más, sin que exista una entidad interesada en sanear todo esta podredumbre enquistada en los puestos clave del gobierno.

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