¿Se legalizó la cannabis?

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“No es bonito legalizar la marihuana, pero peor es regalar gente al narco. La única adicción sana es la del amor”

José Mujica

La semana anterior, obligado por la SCJN, el senado de la república autorizó el proyecto que pretende regular el uso, la producción y comercialización de la mariguana en México, mismo que tendrá que ser ratificado, e idealmente modificado, por la cámara de diputados antes del 15 de diciembre de 2020.

El proyecto no cumple con las expectativas, en el sentido de que, si bien habilita un mercado que permite producir y comercializar el cannabis y sus derivados, sigue vigilando y penalizando al que la consume.

Tenemos que recordar que la SCJN estableció la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la mariguana, reconociendo la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos.

Sin embargo, la nueva ley exige licencias para casi todo, imponiendo regulaciones que no sólo van a encarecer substancialmente el producto final favoreciendo el mercado ilícito, sino que lo vuelven inaccesible para pequeños productores. Igualmente, el senado omitió cualquier consideración para el uso médico del producto.

Según análisis de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el dictamen convierte a México en el primer país en regular el uso de la mariguana, continuando a la vez su prohibición, en el sentido de que se mantiene la criminalización de los usuarios con castigos administrativos y penales.

Las personas en posesión de 28 a 200 gramos deberán tramitar un permiso, caso contrario podrán ser detenidas y procesadas, manteniendo el incentivo para que las autoridades sigan persiguiendo esta conducta por la posesión simple, abriendo espacios a las policías para seguir extorsionando y criminalizando.

Consecuentemente, la nueva ley opta por seguir penalizando a los pobres, beneficiando a una minoría en el desarrollo de productos derivados, mercado que sólo es accesible a personas privilegiadas económicamente, donde las comunidades indígenas sólo tendrán acceso al 40% de las licencias que se emitan, y eso sólo si pueden tramitar y pagar los controles regulatorios.

Dadas las barreras de entrada que establece el marco regulatorio, los precios de la mariguana legal serán elevados, facilitando el mercado negro, donde podemos tomar el ejemplo de Uruguay, que, a siete años de su legalización, sólo uno de cada tres consumidores la consumen legalmente.

Según MUCD, en su decálogo para crear una regulación del cannabis con justicia social, la regulación debería eliminar por completo las penalizaciones a su uso, promover incentivos para pequeños productores, definir reglas de pruebas y rastreabilidad del producto para proteger la salud pública, reconocer a los cultivadores y comunidades que históricamente la han cultivado, y proveer asesoría técnica jurídica y financiera a pequeños participantes y grupos vulnerables.

Finalmente, el fin de la prohibición difícilmente va a disminuir la violencia, en el sentido de que la nueva ley no incluye un programa de políticas públicas en materia de prevención y control de las adicciones, ni presupuestos para el fortalecimiento del sistema legal y policial que permita acotar el casi seguro crecimiento de otros delitos.

Resumiendo, tendremos que aceptar que el dictamen aprobado tendrá efectos positivos muy limitados, pero es en definitiva un paso en la dirección correcta, quedándonos con la esperanza que la cámara de diputados logre hacer las correcciones necesarias.

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