Responsabiliza CCE a Gobierno Federal de poca competitividad en TJ

TIJUANA.- De acuerdo con el último estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta ciudad se ubica en el número 70 de un total de 76 municipios en los que se analizaron sus condiciones de competitividad, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE), se pronunció a favor de generar políticas públicas que eliminen los inhibidores.

Mario Escobedo Carignan, presidente del organismo, afirmó que algunas políticas que ha diseñado el Gobierno Federal han impactado severamente el desarrollo económico de Baja California, pues son decisiones centralistas que no se apegan a la realidad fronteriza.

La restricción de depósitos en dólares, el SIAVE, el posible cierre de la Puerta México y más recientemente la propuesta de homologar el Impuesto al Valor Agregado al 16 por ciento, son aspectos que sacan de competencia al comercio y a la industria bajacaliforniana ante el mercado de Estados Unidos.

“Aunque en el caso de la homologación del IVA el presidente Calderón dijo que no fue propuesta de la Federación, es el Gobierno Federal lejos de generar condiciones de competitividad, está generando que dejemos de ser competitivos”, expresó.

Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial seguirá insistiendo ante los gobiernos locales para que se revisen los esquemas que se pueden ejercer para mejorar las condiciones de competitividad, pues de acuerdo con el IMCO Tijuana se ubica en el lugar número 70.

“Tenemos que revisar el criterio que tomó el Instituto para colocarnos en esta posición que es sumamente vergonzoso para los esfuerzos que estamos haciendo por mejorar la economía de toda la región”, subrayó Escobedo Carignan.

Reiteró qua hay mucho por trabajar para colocar a esta región como la más competitiva del País, pues a pesar de que de manera natural existen todas las condiciones para ello, las decisiones que toma la Federación nos son equitativas para todos los estados.

El presidente del CCE de Tijuana agregó que los integrantes de este organismo exigirán, tanto al próximo Presidente de la República, como a los nuevos legisladores federales, la aprobación de las reformas que se han que se han quedado paralizadas y que han impedido el desarrollo económico de México.