Reforma a la ley de la Industria eléctrica es una expropiación indirecta: CCE

La CCE argumentó que la iniciativa presentada con carácter de preferente "generaría un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos". Fotografía: Freepik.

Redacción/Infobaja

Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es en realidad una “expropiación indirecta” que resultará en mayores subsidios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y electricidad más cara y contaminante.

De acuerdo con el CCE la iniciativa es contraria a los objetivos “que el mismo gobierno se ha planteado”. De ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad.

“La iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica. Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia. Además, rompe la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”, señaló el Consejo a través de un comunicado.

Dentro de las afectaciones que menciona el CCE, es que la reforma abre las puertas a una “expropiación indirecta” de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad, además de “un potencial de violar lo establecido en la Constitución”.

También se menciona que el cambio atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París, lo que “generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados”.

Otros de los puntos que el Consejo rechaza es que la reformada ley viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular, esto” tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras”, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.

Por último, también “contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos”  ya que va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, pues retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE)en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

“El CCE y los organismos que lo integran, exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica”, detalló el organismo.