Reflexiones: La reforma pendiente

“Lo que las Leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”.  

Lucio Anneo Séneca

 

El poder rector del Estado mexicano radica fundamentalmente en los tres Poderes del Gobierno de la República. Particularmente en el Poder Legislativo que además de representar a la población, conformado por las cámaras de Diputad@s, Senadoras y Senadores, es el poder supremo del Estado mexicano.

Ell@s son l@s mandantes y les corresponde dictar al Poder Ejecutivo las políticas públicas, especialmente fiscales, financieras, presupuestales y administrativas. Ell@s deben sancionar y adecuar las iniciativas de Ley presentadas por el Presidente. Deben vigilar y fiscalizar el gasto público y sacudirse el síndrome inercial y anacrónico de la disciplina política con el Presidente en turno, sea del partido que sea.

En materia fiscal deben legislar para simplificar el sistema tributario con el fin de que todos los ciudadanos mexicanos, tal como lo dispone el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contribuyan a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. Un padrón de contribuyentes fiable y confiable, conformado por ciudadanos cumplidores de sus obligaciones fiscales y una recaudación eficaz.

En materia financiera deben regular el sistema financiero nacional revisando, regulando y vigilando efectivamente las operaciones de los Bancos, Financieras y en general todas las Organizaciones Auxiliares de Crédito para que retomen su función social y coadyuven al desarrollo económico. Tasas de interés “blandas” para actividades económicas primarias que permitan reactivar la producción de alimentos y el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos. Créditos hipotecarios destinados a la construcción de casas habitación dignas y con espacios suficientes, y créditos al consumo, con tasas de interés equilibradas.

En materia presupuestal deben acortar las abismales diferencias que hoy existen entre las contraprestaciones laborales de los burócratas y las de los trabajadores de los sectores social y privado. Medida contundente que sería un gesto de subsidiaridad y solidaridad con la población, sería acorde y congruente con el llamado que el gobierno ha hecho en más de una ocasión a la población de “apretarse el cinturón” y fomentaría la autoridad moral del gobierno.

En materia administrativa deben gobernar al margen de politiquerías, partidismo, pactismo y partidocracia. Poner un alto a la voracidad salarial irracional de la burocracia y sus líderes para establecer equidad con los salarios generales. La reforma más urgente es la administrativa, laboral, salarial de la función pública y, desde luego, el rol de los sindicatos y sus líderes. Con la sola aplicación de los principios administrativos lograríamos la transformación que el gobierno y México necesita.

Apuntalada con la aplicación del vasto marco legal y jurídico que hemos acopiado durante más de doscientos años de ejercicio legislativo, y reforzada con moral, honestidad, ética y compromiso social. Es y será posible si sabemos y somos capaces de ocuparnos en la creación de un nuevo sistema político, económico y social. Un nuevo orden sustentado en la constitucionalidad, la subsidiaridad, la solidaridad, la legalidad, la honestidad y la responsabilidad. La democracia, la libertad y la justicia lo exigen, ya es tiempo.