Reflexiones: Estado patrimonialista… ¿o políticos patrimonialistas?

Octavio Paz fue, particularmente a partir de 1968, un constante crítico del sistema político mexicano. 

Del patrimonialismo, vigente hasta hoy, Paz escribió: “Como en Rusia, ante la relativa debilidad de la burguesía nativa, el agente central de la modernización ha sido el Estado. Como en Rusia, nuestro Estado es el heredero de un régimen patrimonial: el virreinato novohispano. No obstante, hay diferencias capitales.

La primera: entre el Estado novohispano y el moderno se interpone el breve pero imborrable periodo democrático de la República Restaurada (1867-1876). La segunda: mientras el Estado totalitario liquidó a la burguesía rusa, sometió a los campesinos y a los obreros, exterminó a sus rivales políticos, asesinó a sus críticos y creó una nueva clase dominante, el Estado mexicano ha compartido el poder no sólo con la burguesía nacional sino con los cuadros dirigentes de los grandes sindicatos.

Ya he apuntado que la relación entre los gobiernos mexicanos, los dirigentes obreros y campesinos y la burguesía es ambigua, una suerte de alianza inestable no exenta de querellas, sobre todo entre el sector privado y el público. Todo esto puede condensarse en una diferencia que las engloba a todas y que es capital: mientras en Rusia el partido es el verdadero Estado, en México el Estado es el elemento substancial y el partido es su brazo y su instrumento. Así, aunque México no es realmente una democracia, tampoco es una ideocracia totalitaria. En muchos de sus aspectos, especialmente en su trato con el público y en su manera de conducir los asuntos, sigue siendo patrimonialista.

En un régimen de ese tipo el jefe de gobierno –el príncipe o el presidente- considera al Estado como su patrimonio personal. Por tal razón el cuerpo de los funcionarios y empleados gubernamentales, de los ministros a los ujieres y de los magistrados y los senadores a los porteros, lejos de constituir una burocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, amistad, compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal. El patrimonialismo es la vida privada incrustada en la vida pública. Los ministros son los familiares y los criados del rey”.

Así, aunque nuestra carta magna dispone que: “No podrán reunirse dos o más de los Poderes de la Unión en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”,  los miembros de los Poderes Legislativo y Judicial ceden sus atribuciones al titular del Poder Ejecutivo. Por complacencia, complicidad, conveniencia, connivencia, servilismo o respeto malentendido la mayoría de l@s politic@s y los servidores públicos dicen que lo que hacen, es por instrucciones del Presidente no porque las Leyes les atribuyan facultades y obligación de hacerlo ni por la protesta constitucional ni, mucho menos, por el mandato de l@s ciudadan@s.

Juntos, los tres poderes: la clase política, administradores y tecnócratas y la burocracia, asumen el patrimonialismo como un legado del arquetipo azteca que los españoles se encargaron de institucionalizar. Hoy en plena transición democrática empieza a ver transparencia, vemos que la clase política se conduce, cínicamente, como dueños absolutos del patrimonio público.