Reflexiones: Conflicto de intereses

Dura lex sed lex: ‘la ley es dura, pero es la ley’.

La Ley del Servicio Civil de Baja California dispone que son funciones de confianza las de administración, inspección, vigilancia y fiscalización. Que los cargos de Director, Inspector y Supervisor del Sistema Educativo deben ser ejercidos por personal de confianza. Que los trabajadores de base pueden ser promovidos a un puesto de confianza, pero quedarán en suspenso sus derechos como sindicalizados y los vínculos con la organización sindical a la que pertenecen para evitar conflicto de intereses. Que el tiempo del trabajador en un puesto de confianza se computará para efectos escalafonarios, jubilaciones, pensiones y demás derechos del trabajador y podrá regresar a su puesto de base cuando cese en sus funciones de confianza.  No obstante la administración de la educación está en manos de personal sindicalizado. Personal que fomenta la Cultura de la Ilegalidad y enfrenta conflicto de intereses al ejercer sus funciones, para bien o para mal, con su sindicato, sus compañeros sindicalizados y el gobierno. Influidos por su “conciencia de clase” como burócratas sindicalizados incumplen reiteradamente las obligaciones o incurren en las prohibiciones que les imputa los artículos 46 y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Ante la llamada reforma educativa los profesores se oponen a ser examinados y evaluados para determinar su grado de preparación y conocimientos para enseñar. Alegan y se pronuncian contra la privatización de la educación pública gubernamental para no solo privatizarla sino secuestrarla. Se adueñan de las plazas de profesores cuando estas son de la sociedad. Abandonan aulas y suspenden clases apoyados y solapados por los Directores y sus líderes sindicales que se hacen de la vista gorda. Se escudan en l@s niñ@s y l@s jóvenes para cometer estos actos delictivos y amenazan con huelgas y paros generales. Es hora de que las autoridades educativas los llamen al orden. Los aperciba que sus actos, además de ser causas de rescisión laboral, constituyen delitos. Los conmine a restablecer el servicio de inmediato. Y en caso de desobediencia usen la fuerza pública para restablecer el servicio. El Ministerio Público debe dar fe de los hechos y formular las denuncias contra de los delitos que resulten.

Bastaría enjuiciar individualmente a los profesores que hacen más caso al llamado de sus líderes sindicales que a las Leyes, para imponer el orden que requiere y demanda la educación. Los educadores están más comprometidos con sus intereses personales y gremiales que con el futuro de México, que es la formación de l@s niñ@s y l@s jóvenes. Bastaría que las autoridades educativas cumplan y hagan cumplir las Leyes referidas párrafos arriba para acabar con el conflicto de intereses que enfrentan los servidores públicos sindicalizados que ocupan cargos de confianza. Si lo hacen, el pueblo, a quien se deben, se los premiará, de lo contrario se los seguirá demandando. Su simulación y complicidad fomentarán el antagonismo y el desprestigio del gobierno.