Por Alberto López Zahoul
Ya planeamos. O, cuando menos, propusimos hacerlo. En el artículo anterior planteé algo que, en principio, parece sencillo: un solo Plan de Desarrollo Económico Tijuana–Baja California, con una visión de 25 años, trece indicadores y la participación del gobierno, la iniciativa privada, la academia, la sociedad civil y el medio ambiente. Ahora viene el segundo paso del proceso administrativo: Organización. Y volvemos a las preguntas. ¿Quién hace qué? ¿Quién decide? ¿Quién ejecuta? ¿Quién mide? ¿Quién vigila? ¿Y qué sucede cuando quienes están sentados en la mesa no se ponen de acuerdo?
Porque reunir a todos alrededor de una mesa suena muy bien, hasta que todos quieren presidirla. La organización que propongo partiría de un principio muy sencillo: el Consejo Económico no sustituye al gobierno, a las empresas, a las universidades ni a la sociedad civil; los organiza alrededor de una misma visión. Y aquí tampoco tenemos que inventar el hilo negro. En México y en otros países existen instituciones que han logrado algo que a nosotros frecuentemente nos cuesta mucho: cambiar de gobierno sin empezar de nuevo.
El Banco de México es un buen ejemplo. No porque un Consejo Económico deba convertirse en un banco central, evidentemente, sino por algunos principios de su gobernanza: autonomía, conducción colegiada, responsabilidades definidas y continuidad más allá de los ciclos políticos. Pero existe otro modelo que resulta todavía más interesante para lo que estamos proponiendo: la Productivity Commission de Australia. Es un organismo independiente de investigación y asesoría del gobierno australiano sobre asuntos económicos, sociales y ambientales. Estudia productividad, industria, comercio, regulación, agua, energía, salud y otros temas que terminan afectando la competitividad y la calidad de vida. Investiga, consulta, mide, compara, publica y recomienda. Pero no ejecuta los programas gubernamentales. Ésa es precisamente una de sus grandes fortalezas.
Su funcionamiento descansa en tres principios que me parecen particularmente importantes: independencia, transparencia y una visión del interés general. Sus análisis se construyen con información cuantitativa y cualitativa y con la participación de empresas, academia y comunidades. Sus procesos permiten consultas públicas, presentación de propuestas y discusión de resultados. Participar, entonces, no significa controlar. Y escuchar a todos tampoco significa que los resultados tengan que acomodarse para dejar contentos a todos.
No tenemos que copiar el modelo australiano. Tenemos que aprender de él. Tomar del Banco de México aquello que ha permitido construir continuidad institucional y de la Productivity Commission aquello que permite investigar, medir, evaluar y recomendar con independencia. No inventemos el hilo negro. Utilicemos modelos que ya demostraron que una institución puede pensar más allá del gobierno en turno y adaptemos sus mejores prácticas a nuestra realidad.
Propongo entonces un Consejo Económico Tijuana–Baja California encabezado por una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno por cada hélice: gobierno, empresa, academia, sociedad civil y medio ambiente. Cinco sillas. Ninguna mayoría automática. Sus integrantes deberían cumplir perfiles previamente establecidos y tener periodos escalonados; no deberían entrar juntos ni salir juntos. ¿Por qué? Porque si cada seis años cambiamos a todos, cada seis años empezaremos de nuevo. Y precisamente eso es lo que queremos evitar. La presidencia tampoco debería pertenecer permanentemente a una de las cinco partes; podría rotarse por periodos previamente establecidos para evitar que el organismo tenga dueño.
Pero una cosa es gobernar el plan y otra ejecutarlo. La Junta de Gobierno cuidaría la visión de 25 años, aprobaría las evaluaciones quinquenales y determinaría, con base en los trece indicadores, si vamos en la dirección correcta. Debajo tendría que existir una pequeña Secretaría Técnica, profesional y permanente, encargada de recopilar información, validar fuentes, construir indicadores, realizar comparaciones, preparar evaluaciones y publicar resultados. Su trabajo quizá sería menos atractivo para la fotografía, pero mucho más importante para el futuro de la región. Los números no deberían producirlos quienes serán evaluados por ellos.
Las responsabilidades también tendrían que estar claramente delimitadas. El gobierno ejecutaría aquello que solamente el gobierno puede hacer: infraestructura, movilidad, agua, energía, seguridad, regulación, permisos y coordinación con la Federación. La iniciativa privada asumiría compromisos concretos de inversión, productividad, desarrollo de proveedores, mejores empleos, exportaciones e innovación. La academia tendría que responder permanentemente si estamos formando los profesionistas que la economía necesitará dentro de cinco, diez y veinte años. La sociedad civil observaría, cuestionaría y exigiría cuentas. Y el medio ambiente dejaría de ser el capítulo que aparece al final de los planes para convertirse en una condición del crecimiento: sin agua, energía o capacidad territorial suficiente simplemente no existe desarrollo sostenible.
Pero todavía falta alguien: el árbitro. Los trece indicadores deberían ser revisados periódicamente por un Comité Técnico independiente, integrado por especialistas que no formen parte de la Junta de Gobierno. Su función no sería decidir políticas, sino determinar si los números son correctos. Así separaríamos tres responsabilidades que frecuentemente confundimos: quien decide, quien ejecuta y quien evalúa.
Cada año, la Secretaría Técnica presentaría los trece indicadores. Cada cinco años, la Junta de Gobierno realizaría una evaluación profunda y propondría las correcciones necesarias. Y cada 25 años correspondería replantear la visión de largo plazo. Las metodologías, resultados y decisiones relevantes deberían ser públicas. Autonomía sin transparencia puede convertirse en aislamiento; participación sin responsabilidades puede convertirse en simulación; y planeación sin organización termina siendo simplemente un buen documento.
Ahora imaginemos algo más grande. ¿Qué sucedería si Tijuana y Baja California fueran capaces de implementar un modelo de desarrollo económico regional inspirado en algunas de las mejores prácticas institucionales del mundo, pero diseñado para nuestra propia realidad? Un organismo permanente, técnico, transparente, con participación de la Quíntuple Hélice, una visión de 25 años y resultados que cualquier ciudadano pueda consultar. Podríamos pasar de discutir cómo alcanzar a otras regiones a convertirnos en una referencia de cómo organizar el desarrollo económico regional en México y América Latina.
Tenemos características suficientes para intentarlo: frontera con California, industria, universidades, empresarios, talento, sociedad participativa y una posición geográfica que difícilmente puede replicarse. Lo que falta es organizarnos de manera diferente. Ser pionero no necesariamente significa inventar algo que nunca haya existido. A veces significa observar lo que funciona en otras partes del mundo, aprender de ello y tener la voluntad de ser el primero en adaptarlo bien a nuestra realidad.
En el artículo anterior hicimos trece preguntas para saber si Tijuana y Baja California están mejorando. Ahora agregaría una más: ¿quién responde por cada una? Porque cuando todos somos responsables de todo, al final nadie es responsable de nada.
Ya tenemos un plan. Ahora organicémonos para cumplirlo.
Después vendrá algo todavía más complicado: hacer que suceda.
