Puro y vil circo 

Por Daniel Salinas Basave

La pregunta es demasiado larga, ambigua, rayana en el absurdo trabalenguas:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Eso nos preguntarán a los mexicanos el próximo 1 de agosto. La respuesta ya la conocemos: sí, estoy de acuerdo.

Mi pregunta es si a partir de la consulta se establecerá alguna nueva figura jurídica concreta y si por lo menos sustentará algún criterio jurisprudencial que permita a los jueces proceder de alguna forma en la que hoy están legalmente impedidos. Dicha ambigüedad genera que no haya un compromiso concreto en torno a alguna acción inmediata a ejecutar.

Un grandísimo circo y un descomunal dispendio para dar una respuesta obvia a una difusa perorata. La justicia no se consulta, se aplica. Si hay delitos que perseguir entonces se actúa de oficio y en su defecto como seguimiento a una denuncia.

Que hay muchos aspectos cuestionables y oscuros en la actuación de los gobiernos anteriores como en el actual, nadie lo duda. Claro que los mexicanos queremos justicia. Lo que no resulta muy coherente es ser movilizados y manoseados para el montaje de una ridícula carpa teatral populista en donde al final del día nada habrá cambiado.

Por fortuna vivimos (todavía) en un país de leyes e instituciones y no en una república bananera de juicios sumarios a mano alzada. Para proceder contra un ex presidente hace falta que alguien lo denuncie penalmente o que se compruebe la comisión de un delito que sea perseguido de oficio.

Por ejemplo, no necesitamos una consulta para que puedan meter a la cárcel a Felipe Calderón, tan odiado y aborrecido por el actual gobierno. Él es tan mexicano como tú o como yo y se le puede procesar penalmente.

Desde hace más de un siglo el Artículo 13 de la Constitución establece la prohibición de fueros, leyes privativas o tribunales especiales. Adelante, procedan. Ahí está Felipe, todo mundo sabe cómo y dónde encontrarlo. Que yo sepa no vive oculto en algún país extranjero o resguardado en una embajada. Procedan y métanlo a la cárcel si tienen los elementos para ello.

Todos los estados de la República tienen su respectivo código de procedimientos penales y existe además la justicia federal. Vayan y denúncienlo penalmente. Pueden hacerlo hoy mismo, ninguna ley lo impide.

Claro que me habría gustado ver en la cárcel a José López Portillo como me gustaría ver en la cárcel al centenario Luis Echeverría (cuyo fracasadísimo modelo político goza hoy de tan buena salud y alta estima).

Claro que me gustaría ver en la cárcel a Enrique Peña Nieto. Si lo meten a un calabozo lo aplaudiré de pie, aunque tú y yo sabemos que eso nunca va a pasar (y mucho menos con EPN; pactos son pactos y se respetan).

También quiero ver en la cárcel, entre otros muchos, a los responsables de la tragedia de la Línea 12 del metro o al violador Félix Salgado Macedonio. Todos los mexicanos queremos que se haga justicia, pero no necesitamos gastar 500 millones de pesos para prestarnos a la pantomima de un populista que sólo desea perpetuar el discurso de culpar a los gobiernos pasados de todos los males.

Si algo en lo jurídico va a cambiar de manera concreta, entonces adelante con su consulta. El resto es puro y vil circo y de los más baratos.