Proponen castigo ante pensiones insuficientes

 

Mexicali.- El diputado local del PVEM Fausto Gallardo García presentó una reforma al código Civil para el Estado, a fin de sancionar a los responsables de no otorgar en tiempo las pensiones alimenticias y perjudicar la calidad de vida de las personas.

“Frecuentemente, en los juicios de alimentos, se fijan pensiones insuficientes, ya que no es posible comprobar los ingresos del demandado. Lamentablemente, es común que los deudores alimentarios no proporcionen información sobre sus ingresos, o soliciten a otras personas que la oculten, para no cumplir con sus obligaciones alimentarias”, dice un comunicado.  

“El hecho de que los ingresos que percibe el deudor alimentario no hayan sido acreditados durante el juicio, no tiene por consecuencia que el juzgador lo absuelva de dicha obligación; sin embargo, para estos casos, el actual código Civil del Estado no regula la forma de fijar el monto de la pensión alimenticia, lo cual va en perjuicio de los acreedores alimentarios”, añadió quien representa al distrito 8.

“También es común que no se cumplan en tiempo y forma con las órdenes judiciales de descuento, no obstante que los acreedores alimentarios, quienes son menores de edad o adultos mayores, dependen de ello para subsistir”, añadió.

Por ello, Gallardo propone que “cuando no sea posible comprobar el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez fije el monto de la pensión, tomando en cuenta la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores han llevado en los dos últimos años”.

También plantea “considerar como responsable solidarios de los daños y perjuicios que se causen al acreedor alimentario, a quien deba proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios y no lo haga, así como a quien no cumpla con las órdenes judiciales de descuento, o auxilie al deudor alimentario a ocultar o disminuir sus bienes o ingresos”.

 

“De la misma forma, se busca establecer como una obligación del deudor alimentario, el informar al juez cualquier cambio de su situación económica dentro de los 30 días siguientes y, de no hacerlo, imponerle multa hasta con 50 salarios mínimos, o el doble en caso de reincidencia”, explicó.