POR LA ESPIRAL: Hacer algo el pro del bono demográfico

Por Claudia  Luna Palencia

@claudialunapale

Y mientras los políticos se empantanan en diversos temas, enfrascados además en resolver una cotidianidad que les rebasa, nadie se ocupa por colocar los ladrillos que cimentarán el futuro.

El bono demográfico está aquí y es ahora. Antes de 2020 habrá dos personas productivas por cada persona no productiva, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

De confirmarse la tendencia experimentaremos un hecho sin precedente en nuestro país, una verdadera ventana de oportunidades para el crecimiento, fortalecer el mercado interno e impulsar políticas de ahorro.

Al menos es lo  ideal, siempre y cuando, lograra capitalizarse todo el potencial de más gente en edad productiva que improductiva.

En buena medida a este fenómeno poblacional llamado “bono demográfico“ (recta en la que nos encontramos)  hay que aprovecharlo en el tiempo a través de instrumentar políticas públicas adecuadas.

Se trata de  ir preparando el mercado,  crear  canales de acceso para incluir a todos los excluidos del sistema formal bancario, pensiones, viviendas, seguridad social, salud, educación; etc.

De no hacerlo antes del año 2050,  cuando revierta el fenómeno demográfico, enfrentaremos graves problemas con un Estado quebrado e imposibilitado para pagar múltiples pensiones; incertidumbre sobre la existencia del esquema  privado del ahorro para el retiro;  población bastante más longeva y no productiva.

De acuerdo con Conapo, la oferta de mano de obra en México aumentará de 42 millones de personas en 2000 a 64 millones en 2030, implicando incrementos medios anuales del orden de 910 mil  personas en la primera década del presente siglo; 798 mil durante la segunda y 477 mil en la tercera década.

El Estado de México seguirá concentrando la mayor parte de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional, al pasar de 5.5 a 9.3 millones al cabo de los treinta años, mientras la oferta de fuerza de trabajo más dinámica será la de Quintana Roo con una tasa media anual de crecimiento de 3.54%, es decir, casi dos veces y media más alta que el  puntaje nacional de 1.39 por ciento.

La edad promedio de vida superará los 75 años de edad y para 2020 habrá una proporción de adultos mayores, el 12.5% de la población que  duplicará en 2050 al representar el 28% de la población.

Por ello emanan una serie de desafíos,  lo digo pensando a futuro, con una población en México que en 2010 reveló serios problemas de obesidad, diabetes, cáncer y tabaquismo.

También están los problemas socioeconómicos con brechas preocupantes entre grupos privilegiados respecto de un cúmulo de olvidados del desarrollo.

 

A COLACIÓN

Cada vez se trabaja más para vivir peor. La otra opción es la economía informal, actividades subterráneas e ilegales con una dañina expansión dentro del Producto Interno Bruto (PIB) y su consecuente impacto negativo dentro de la recaudación fiscal.

Millones de personas laboran en “esa otra economía paralela” y lo hacen a destajo sin ninguna prestación,  ni ellos mismos, ni nadie en el gobierno, están previendo por sus necesidades inmediatas de vivienda y ahorro; ni las futuras en rubros de  salud y pensión.

Por supuesto, millones de personas laborando en la calle sin ningún tipo de paraguas social serán también parte de la tercera edad cada vez más cuantiosa después del 2050. ¿Quién velará por sus necesidades de atención y comida? ¿A qué presidente, secretario de Estado o gobernante culparemos por lo que no hicieron a tiempo en  los primeros años y décadas del siglo XXI?

Me parece que, de 2012 a 2018, no pueden dilapidarse las oportunidades con populismos y demagogias, requerimos acciones concretas para proteger a la población en esta fase de cambio en la edad productiva.

Principalmente, edificar un Estado Benefactor en el que sobresalga un esquema de salud pública universal (superior al seguro popular), una especie de seguro médico anual que se pague en las oficinas del IMSS, SSA o ISSSTE para mantenerlo vigente pero que permita que personas desempleadas, autoempleadas, dentro de la economía informal, subterránea o retiradas puedan tener derecho a curarse dentro de una extensa red de hospitales públicos con las suficientes camas, medicamentos, doctores y enfermeras por habitante.

También universalizar el esquema educativo, cada año escolar es más difícil que los chicos egresados de bachillerato accedan a una  matrícula para estudiar en una universidad pública.

Si el gobierno no puede garantizar educación, salud y pensiones para sus ciudadanos entonces tenemos un Estado quebrado, listo además para dilapidar el bono demográfico.