Por dentro y por fuera: Vientos de tempestad

La efervescencia y la desesperación electoral nos llevan a vivir momentos de mucha intensidad que generan una tensa confrontación y polarización política en Baja California, precisamente en la recta final de una contienda muy cerrada.

  Más allá de que existan políticos bajacalifornianos que gusten de usar esmalte en las uñas, los partidos políticos no deben comportarse como cofradías que defienden la impunidad de uno de los suyos. Por otro lado, las grabaciones ilegales hechas públicas son como los cañones de la barbarie que anuncian el estado de sitio de una civilización conquistada, en un momento en donde el prestigio de los políticos esta por los suelos se escoge como conejillo parlamentario a un diputado ultraconservador con supuestas desviaciones psicológicas para ser crucificado en la plaza pública.

Aquí advertimos que la campaña saldría de su cauce pues a estas alturas es una realidad que en los equipos de campaña organismos paralelos al CISEN operan bajo esquemas privados.  La profesionalización de los servicios de inteligencia en este país solo ha servido para privatizar los aparatos de represión al servicio de los particulares. El espionaje con fines políticos es una práctica común en México, y está diseñada para incidir principalmente en los resultados electorales. El espionaje construye una nueva realidad en base en la desilusión y es utilizada como arma de combate letal y efectiva por quienes controlan el tablero de ajedrez político, su carácter utilitario es momentáneo pero el daño de resquebrajamiento social en muchos casos es permanente.

La política del espionaje permite introducirnos en el cerrado mundo privado de los políticos donde muchos dejan de ser humanos y se convierten en esas criaturas deleznables de cuentos fantásticos.

La interrelación entre política y ficción hacen del espionaje político un tema fascinante para los mexicanos, por el morbo que se genera en el ambiente.  Lo delicado es que tenemos muchas historias que comprueban que  la línea que separa los aparatos de espionaje político de los sistemas de represión autoritarios en América Latina es muy delgada. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 consagra que todas las comunicaciones privadas son inviolables y que la autoridad judicial es la única que puede otorgar dichas autorizaciones. Las leyes reglamentarias como el Código Penal Federal también sancionan de 6 a 12 años de prisión  y de 300 a 600 días de multa a quienes atenten contra la libertad y la privacidad. Lo que me sorprende es que ante un asalto a nuestra Carta Magna nadie salga a defender el estado de derecho en Baja California, por el contrario cuando el barco se hunde, las ratas siempre son las primeras en saltar.

Por las razones que sea, más allá de fobias homofóbicas y las desviaciones impúdicas de los casos particulares, por cuestiones culturales nos dejamos llevar mucho por la percepción y construimos realidades a priori sin confiar en las investigaciones oficiales, por lo que ante la utilización de estas prácticas excesivas no nos queda más que establecer que la lucha por las libertades debe ser permanente en nuestro país y en nuestro estado.