Por dentro y por fuera: Frontera en asedio

Por Manuel Rodríguez Monárrez

manyrodriguez@live.com.mx

Twitter: @Tijuanagreen

Mientras en Estados Unidos se organizan para legalizar las drogas, en México desde hace seis años la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 Constitucional es letra muerta. Las ciudades fronterizas de Sonora y Baja California han sido las zonas más afectadas en su libre tránsito por los retenes militares instalados por los generales en turno de ésta, la II Región Militar del país, pues lo que antes era un trayecto de 11 ó 12 horas por vía terrestre entre la ciudad de Hermosillo y la de Tijuana, se ha convertido en un calvario para los viajeros de más de 15 ó 16 horas promedio tras sortear al menos 5 puestos permanentes instalados de manera prolongada en las afueras de ciudades totalmente sitiadas que se han convertido, viéndolo por el lado positivo, en ratoneras sin salida para los criminales; pero que con los caminos cerrados han obligado a los criminales a ingeniársela para cruzar la droga por mar, aire o subsuelo, pues aunque nos duela admitirlo, a pesar de la costosa, en miles de millones de pesos, política calderonista fallida, la demanda por drogas en los Estados Unidos no cede, al contrario, va en aumento, por lo que desde un inicio fue previsible que está denominada “guerra” sería un rotundo fracaso.

La frase “Guerra contra las Drogas” fue acuñada en 1970 por el entonces Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, tropicalizada 36 años después por Felipe Calderón que en términos generales va a concluir su mandato con cifras aproximadas a los 70,000 muertos; 20,000 desaparecidos; 250,000 desplazados; y más de 55,000 efectivos de tropa movilizados para militarizar y retomar el control del país por la vía armada, según datos no oficiales proporcionados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pues los datos oficiales no serán dados a conocer por lo menos en lo que queda de la actual administración según nos anunciaron. 

La guerra brutal y sangrienta que ha emprendido el gobierno federal ha generado una violencia exacerbada, sobre todo en la frontera con los Estados Unidos, que también incluye a Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, pero aún ante esta difícil situación siguen en duda la constitucionalidad de las medidas de revisión y detención de personas y vehículos de manera forzada pues los retenes, que en sí son un acto de autoridad que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto en duda, pues no se tipifica la flagrancia al momento de la detención, por lo que a diario se cometen violaciones a derechos fundamentales a los que la población en su conjunto nos hemos ido indebidamente acostumbrando.

Deberán venir cambios importantes en la política nacional de seguridad pública, si lo que queremos que prevalezca es el estado de derecho que consagra las garantías individuales y no las políticas del miedo, provocadas en gran medida por la aplicación de la famosa Iniciativa Mérida, que si bien ha jalado recursos del erario estadounidense hacia nuestro país, ha sido a costa de la vida y tranquilidad de millones de mexicanos.

*El autor es Internacionalista egresado de la UDLA-Puebla.