Redacción/Infobaja
Tijuana.- La organización Acción por los Derechos Fundamentales A.C. hizo un llamado al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados a considerar las necesidades de Baja California dentro del paquete económico 2027, particularmente en materia de inversión pública, seguridad, infraestructura y apoyo a los municipios fronterizos.
A través de un posicionamiento firmado por su coordinador general, C.P. Rufo Ibarra Batista, la organización señaló que durante los últimos años se ha registrado un crecimiento del gasto público y de los compromisos permanentes de pago, mientras que la inversión productiva, la infraestructura, los servicios públicos y la seguridad no han avanzado al ritmo requerido por la población y las empresas.
El organismo destacó las condiciones particulares que enfrentan los municipios fronterizos, entre ellas la atención a población flotante, migración, cruces internacionales, inseguridad, escasez de agua y crecimiento urbano acelerado, por lo que planteó establecer un mecanismo presupuestario que considere estos costos extraordinarios.
Asimismo, pidió proteger la división de poderes, la transparencia, la certeza jurídica y la independencia de las instituciones, al considerar que estos factores son determinantes para generar confianza entre trabajadores, empresarios e inversionistas.
Entre sus propuestas, Acción por los Derechos Fundamentales A.C. planteó recuperar el equilibrio entre gasto corriente e inversión pública productiva; establecer metas verificables en seguridad, salud, educación, agua, infraestructura y empleo; y dar estabilidad de largo plazo a las disposiciones fiscales.
También solicitó incorporar de manera permanente en las leyes del ISR y el IVA los estímulos correspondientes a la región fronteriza norte, además de someter las reformas fiscales y presupuestarias a evaluaciones previas sobre sus efectos en el empleo, la inversión, la competitividad y los derechos humanos.
La organización propuso, además, establecer mesas públicas de diálogo con trabajadores, universidades, organizaciones civiles, pequeños negocios, empresarios y gobiernos municipales antes de aprobar decisiones con impacto económico y social.
En su posicionamiento, sostuvo que el crecimiento económico requiere condiciones de confianza, seguridad, libertad, instituciones confiables y colaboración entre sociedad y gobierno, por lo que llamó a trabajar en unidad para construir un gobierno que atienda a todos los sectores de la población.
