Por El Informante
PAN pone sobre la mesa perfiles para Tijuana
El PAN comenzó a mover nombres rumbo a una eventual candidatura en Tijuana, con una lista que incluye empresarios, profesionistas, ciudadanos y militantes del partido.
La dirigente municipal, Myrna González, difundió en redes sociales del comité una serie de perfiles que podrían participar en el proceso interno para definir candidaturas, aunque cabe aclarar que no todos los nombres en el listado han aceptado la invitación.
Entre los nombres mencionados aparecen Luis Lutteroth, expresidente del CDT; Roberto Gallegos Gil, presidente del Club Campestre, y Liliana Castellanos, fundadora de Mujer Pyme.
La lista también incluye al abogado fiscalista Adolfo Solís Farías; a la abogada Adriana Ruvalcaba, y a Adriana Milanés, quien ya fue candidata a la Alcaldía de Tijuana por Movimiento Ciudadano.
Dentro del panismo fueron incluidos César Damián Retes, Rolando Escobedo Ortiz y María Luisa Sánchez Meza.
También figuran perfiles que ya habían sido considerados en procesos anteriores, como Alberto Capella.
Otros nombres mencionados son Ismael Chacón Güereña, exprocurador de los Derechos Humanos, y Bernabé Esquer Peraza, quien fue síndico social en Tijuana y reapareció recientemente en actividades políticas durante una reunión con la dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano.
Castigan a viudas de policías
A casi un centenar de viudas de elementos de la Policía Municipal de Tijuana que cayeron en cumplimiento de su deber les acaban de quitar el único apoyo económico que, con mucho esfuerzo, habían logrado arrancar al Ayuntamiento. Cinco mil ochocientos pesos mensuales. Una bicoca apenas simbólica frente a la vida que perdieron, pero un respiro mínimo para familias que hoy enfrentan la orfandad y la precariedad.
La síndica procuradora Teresita Balderas lo anunció como si tal cosa, con la frialdad burocrática de quien firma un oficio: el beneficio se cancela. Alrededor de 94 mujeres se quedan sin ese ingreso. El mismo apoyo que apenas el 6 de marzo el Cabildo había aprobado modificando la Norma Técnica Número 4, con un costo mensual de 700 mil pesos cargados al área de Presidencia. Una medida que se tomó, digámoslo claro, no por generosidad espontánea, sino para desactivar la presión de un grupo de viudas que se había plantado a exigir avances en sus pensiones.
Ahora, cuatro meses después, la misma autoridad que lo otorgó lo retira. Y la versión que circula —y que nadie ha desmentido con contundencia— es tan mezquina como reveladora: molestia porque las familias no salieron a agradecerle ni a echarle porras en público. Usar un apoyo social como moneda de cambio por aplausos no es administración pública. Aquí y en China es un vil chantaje institucional. Convertir el dolor de quien perdió a su pareja en servicio armado en una oportunidad para exigir gratitud personal es una forma particularmente cínica de ejercer el poder.
Mientras la funcionaria no pierde la oportunidad de presumir ropa y accesorios de lujo en sus redes sociales y en eventos públicos, las viudas de quienes pusieron el cuerpo para cuidar a la ciudad se quedan sin sustento y sin empatía. Modificar normas técnicas al antojo para premiar o castigar no es gobernar: es legalizar la arbitrariedad. Es transformar el reglamento en un instrumento de venganza menor y pisotear la dignidad de quienes ya cargan con el peso más pesado.
Las viudas de policías caídos no le deben porras a nadie. Les deben, en todo caso, respeto, seriedad y una política de pensiones digna y permanente, no parches temporales sujetos al humor de quien ocupa el cargo. Si el Ayuntamiento no puede sostener 700 mil pesos mensuales para familias que ya pagaron con sangre, entonces el problema no está en el presupuesto: está en las prioridades morales de quienes lo administran. Retirar este apoyo no es un ajuste técnico. Es un mensaje político: el agradecimiento se cobra, y
Le llueve sobre mojado a la fiscal
A María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California, le está lloviendo sobre mojado. Y no es cualquier chaparrón: es una tormenta que pone en evidencia las grietas de una Procuraduría que, lejos de generar certeza, acumula reveses judiciales y cuestionamientos públicos. La tarde del lunes 3 de agosto, el juez de control Fernando Serrano determinó que no existían pruebas suficientes para vincular a proceso al exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, ni al agente Luis Alfonso Jacobo por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.
En cambio, sí fueron vinculados a proceso Juan Carlos Jáquez, Eduardo López García y Kevin González Álvarez por los mismos cargos. El mensaje del juez fue claro: la carpeta de investigación no alcanzó el umbral mínimo de elementos para sostener la pretensión de la Fiscalía respecto de dos de los principales señalados.
Un golpe duro para una institución que había presentado el caso con contundencia mediática. No tardó en llegar la reacción desde el gremio jurídico. El presidente del Consejo Estatal de Abogados de Baja California, Elías Flores Gallegos, no se anduvo con rodeos y exigió la renuncia inmediata de la fiscal. Recordó que en su momento el propio gremio le otorgó un voto de confianza… un voto que, según afirmó, hoy se siente traicionado.
La Fiscalía de Baja California no puede seguir operando bajo la lógica del “después vemos si las pruebas aguantan”. Cada no vinculación de este calibre no solo libera a los imputados; también erosiona la credibilidad de la institución y alimenta la narrativa de que se fabrican carpetas o se buscan atajos judiciales.
Mónica Vega 24/7
Hay funcionarios que parecen tener horario de oficina de 9:00 a 5:00. Y hay otros que parecen haber descubierto el secreto de la ubicuidad. Mónica Vega Aguirre pertenece, claramente, al segundo grupo.
La directora general de la CESPT trae un ritmo de trabajo que ya comienza a parecer 24/7: un día está en una recaudadora atendiendo usuarios, al siguiente aparece en una colonia explicando los decretos de apoyo para regularizar adeudos de agua y, cuando uno cree que finalmente se tomó un respiro, resulta que anda supervisando una obra de infraestructura.
La agenda no parece darle tregua y ahí está una de las claves de su gestión.
Vega entendió algo que a veces se les olvida a los funcionarios: un organismo público no puede limitarse a esperar que la ciudadanía llegue a sus oficinas.
Por eso la CESPT ha llevado los beneficios de los decretos promovidos por la gobernadora Marina del Pilar a distintas zonas de Tijuana, con jornadas en recaudadoras como El Florido, Mariano Matamoros, Otay Centenario, Carrusel, Playas, Distrito Independencia y Cerro de las Abejas, además de la unidad móvil de Santa Fe.
Y los números comienzan a hablar: 7 mil 794 solicitudes de personas interesadas en regularizar sus adeudos desde que entraron en vigor los decretos.
Vaya, Mónica Vega está intentando convertir un problema históricamente incómodo —el adeudo del agua— en una oportunidad para acercar al ciudadano al gobierno desde la asesoría personalizada y la posibilidad de encontrar una salida.
Y mientras unos resuelven expedientes, otros instalan nuevas tuberías, porque la otra parte de la agenda de Vega está en las calles, literalmente.
Este jueves estuvo junto a la gobernadora Marina del Pilar en la colonia Viñedos de Tijuana para poner en marcha los trabajos de una nueva red de agua potable y alcantarillado. Es decir, mientras se atiende al usuario que debe, también se trabaja para que el usuario que paga tenga un servicio cada vez más digno y eficiente.
Si mantiene este ritmo, habrá que empezar a preguntarse si la CESPT tiene directora general o si Mónica Vega encontró la manera de clonarse.
Porque, francamente, parece estar en todos lados.
