Orlando desde Tijuana

Por Virgilio Muñoz Alberich
Preservar la seguridad de las personas ha dejado de ser materia exclusiva del orden local. Asegurar la tranquilidad de las comunidades en las sociedades del siglo XXI, y desactivar con efectividad las amenazas surgidas de las condiciones en que se desenvuelven tanto grupos terroristas como el crimen organizado transnacional, obliga al planteamiento de políticas públicas cada vez más coordinadas entre órdenes de gobierno y su integración a la arena multilateral.

Las acciones violentas al interior de un territorio encuentran insumos logísticos, armamentistas o ideológicos en regiones distintas a donde estos crímenes se cometen. Por ello, la matanza en Orlando es tan familiar a la ola homicida sufrida en Tijuana. El flujo de armamento con alta capacidad letal en la nación vecina es el mismo que alimenta a las organizaciones criminales en México. De acuerdo con datos de Mass Shooting Tracker, de enero de 2013 a la fecha, en Estados Unidos mil 585 personas han sido asesinadas y más de 4,400 heridas como consecuencia de tiroteos masivos.

Una revisión realizada en la Unión Americana por alcaldes en contra de armas ilegales, concluyó que hechos criminales donde fue utilizado un rifle de asalto provocaron 135 por ciento más personas alcanzadas por disparo y 57 por ciento más muertes, en comparación con otros incidentes homicidas donde fueron empleadas armas con menor capacidad. La carencia de regulación adecuada en Estados Unidos para hacer valer el derecho constitucional de posesión individual de armamento es ya, cuando menos, un riesgo a su seguridad nacional.

Con el fin de la medidas contenidas en la “Prohibición de Armas de Asalto” (Assault-Weapons Ban, vigente entre 1994 y 2004), la facilidad en la compra de rifles de asalto en Estados Unidos y el tráfico ilegal hacia nuestro país, permitió escalar en la última década el margen de fuego de quienes desafían al Estado Mexicano. Si bien el propio Senado estadounidense ha reconocido que al menos 70 por ciento del armamento decomisado en territorio mexicano tiene como origen la Unión Americana, en 2005 las armas largas confiscadas constituyeron menos de la tercera parte del armamento total decomisado a las organizaciones criminales, mientras en 2012 fue del orden de 65 por ciento.

En este contexto, el posicionamiento xenófobo de Donald Trump y la decisión de la Cancillería mexicana de emprender acciones de sensibilización en Estados Unidos, abren una ventana de oportunidad para consolidar plataformas permanentes donde la movilización de connacionales en ese país y el contacto permanente entre autoridades de ambas naciones, avancen intereses comunes como el rubro de seguridad, más allá de la coyuntura electoral presidencial de este año y en favor de la corresponsabilidad inherente a la integración requerida.

En lo regional, San Diego acaba de dar la bienvenida a la nueva cónsul general de México, diplomática formada en seguridad nacional y con experiencia en la operación política estadounidense producto de su paso por nuestras representaciones en Washington y Nueva York. Además, Baja California cuenta con nuevas autoridades municipales obligadas en primer término a procurar la seguridad de los municipios fronterizos. En esta renovación de autoridades locales, estrategias federales y debates públicos estadounidenses, puede darse un paso más hacia la seguridad de nuestras comunidades.