Redacción/Infobaja
Mexicali.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a realizar una revisión exhaustiva para determinar si empresas recientemente señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron contratos con el Gobierno estatal.
Como parte de la medida, los expedientes relacionados serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a fin de que se revisen conforme a las disposiciones legales correspondientes.
El Gobierno del Estado señaló que las contrataciones fueron realizadas con base en la situación jurídica, los registros del padrón de proveedores y las restricciones vigentes al momento en que se llevaron a cabo los procedimientos administrativos.
Ávila Olmeda afirmó que, ante la nueva información difundida en 2026, se revisarán los antecedentes contractuales para determinar si existió alguna irregularidad o riesgo en materia operativa o patrimonial.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley”, sostuvo la gobernadora.
Como medida preventiva, el Poder Ejecutivo estatal determinó que cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no podrá participar en licitaciones estatales mientras no aclare formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.
Respecto a los contratos relacionados con el área de seguridad pública, la administración estatal indicó que estos correspondieron a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para fortalecer la operación de las corporaciones.
También aseguró que la custodia y administración de los sistemas y bases de datos institucionales corresponde exclusivamente al personal facultado de las corporaciones de seguridad, por lo que, de acuerdo con el Gobierno estatal, no existe vulneración a la información de la ciudadanía.
La administración estatal agregó que la Fiscalía General del Estado cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para llevar a cabo sus propios procesos de adquisición y resguardo documental.
La gobernadora reiteró que la revisión tendrá como objetivo esclarecer los hechos mediante documentación y, en caso de detectar alguna irregularidad, proceder conforme a la ley.
