Por Gastón Luken
Por muchos años la inversión pública en infraestructura en Baja California ha sido insuficiente. Quien visite otras entidades del país encontrará que es común ver que la calidad y cantidad de obras públicas superan las de B.C. Nuestro rezago es evidente por donde uno voltee.
Esta falta de recursos se ha acentuado y todo indica que ante el recorte presupuestal federal este déficit será aún mayor. Por ello B.C. debe encontrar mecanismos diferentes para allegarse de más recursos.
Hacer más de lo mismo, por mucho esfuerzo que se le dedique, nos llevará a más de lo mismo en resultados obtenidos y que al momento son a todas luces insuficientes.
Ante este escenario el Gobierno del Estado tuvo el tino, con apoyo del Congreso local, de crear la Ley de Asociaciones Público Privadas, (APP´s), con el propósito de acceder a capital privado para subsanar insuficiencias de dinero público destinada a inversión en obras.
Una APP es un acuerdo entre el sector público y el privado en el que parte de los servicios, labores o dinero que son responsabilidad de sector público es suministrado por el sector privado a cambio de una retribución que permita recuperar lo invertido en obras o servicios públicos como agua, ferrocarril, carreteras, puentes, hospitales, etc.
Las APP´s son una buena idea. Falta ver que tan ágil, transparente y eficaz será esta ley en la práctica.
Es importante no generar expectativas que rebasan las capacidades reales.
Para muestra un botón: en BC no existe suficiente capital privado local para cubrir el déficit de infraestructura en B.C. que ronda en los 50,000 millones de pesos, (3.5 billones de dólares).
Es decir las APP´s servirán, si bien nos va, para cubrir solo una parte de lo mucho que nos urge de obra pública.
Las APP´s deben de regirse con absoluta transparencia para evitar una relación impropia, (otra?), entre el poder político y el poder económico. Se debe abrir la participación a todos los actores calificados y evitar que los contratos o las concesiones sean otorgadas en lo oscurito a los amigos de quienes deciden sin que se cumplan requisitos de experiencia, capacidad y solvencia financiera y moral.
Lo anterior le permite al gobierno del estado evitar corruptelas o hacer cosas buenas que parezcan malas.
Es del conocimiento público que existen prácticas viciadas en la licitación de obras públicas que se traducen en que dinero público se quede en manos de “servidores públicos“ y lo que en realidad se termina invirtiendo en obras es menos de lo que sale del erario para ello. Por eso las APP´s deben ser ajenas a estos esquemas y manejarse de una manera prístina. El gobierno que lo logre se llevará merecido reconocimiento de lo contrario será otra raya más al tigre.
Es conveniente que al momento de crear una APP el gobierno invite a organismos de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, por dar un ejemplo, a que vigilen el proceso y validen sus resultados. Esto en beneficio de la sociedad que no solo es usuaria de los servicios sino también quien los paga.
