Redacción/Infobaja
Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existen pruebas que acrediten un vínculo de Carlos Alberto Torres Torres con grupos delictivos, luego de los señalamientos realizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum fue cuestionada sobre las sanciones anunciadas por el gobierno estadounidense contra 21 personas y 25 empresas, entre las que se encuentra Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda.
La Presidenta explicó que, a partir de la información recibida de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza sus propias revisiones y puede determinar el bloqueo de cuentas cuando detecta irregularidades financieras.
Sin embargo, aclaró que el bloqueo de cuentas no significa necesariamente que las personas involucradas tengan vínculos con grupos delictivos.
Sheinbaum señaló que en algunos de los casos revisados por la UIF se encontraron irregularidades financieras, pero no elementos que acreditaran una relación con organizaciones criminales, por lo que no se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 29 de septiembre sanciones contra personas y empresas que, de acuerdo con su señalamiento, forman parte de una red vinculada con una facción del Cártel de Sinaloa en Baja California.
Entre las personas sancionadas se encuentra Carlos Torres, a quien la autoridad estadounidense atribuye presuntos vínculos con dicha organización y el uso de su influencia para facilitar sus operaciones en Baja California.
También fue incluida Vida Orgánica Tijuana, empresa relacionada con Torres, dentro de las entidades sancionadas por OFAC.
Marina del Pilar Avila no aparece en el listado de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. La gobernadora ha señalado que está legalmente divorciada de Torres y que no mantiene relación con las actividades que Estados Unidos atribuye a las personas y empresas incluidas en su lista.
La Presidenta sostuvo que las designaciones de OFAC no constituyen por sí mismas una denuncia penal en México, por lo que corresponde a las autoridades mexicanas realizar sus propias investigaciones y determinar si existen elementos para iniciar procedimientos.
El caso mantiene así dos vertientes: los señalamientos y sanciones emitidos por el gobierno de Estados Unidos, y las revisiones que realizan las autoridades mexicanas para determinar si existen elementos que acrediten alguna conducta ilícita en el país.
