Minería, el otro rostro del saqueo nacional

Por Jaime Bonilla Valdez

El saqueo de las riquezas minerales de México ha sido la constante durante las últimas décadas.

Y Baja California no es la excepción.

Los recursos naturales y el territorio de nuestro estado han sido entregados sin pudor a empresas nacionales y extranjeras. Para empezar, más de 2 millones 627 mil hectáreas de Baja California han sido otorgadas a las empresas mineras mediante 886 concesiones.

 

En solo tres años, periodo en que ejercieron el cargo de diputados federales el actual gobernador Francisco Vega de la Madrid y Gastón Luken, el gobierno de Felipe Calderón entregó 1 millón 775 mil hectáreas a las empresas mineras en Baja California, con el voto de estos dos representantes populares.

En efecto, casi 2 millones de hectáreas del territorio bajacaliforniano fue entregadas tras bambalinas, ante el silencio cómplice de Kiko Vega y Gastón Luken, quienes tenían la responsabilidad de defender los intereses de los bajacalifornianos y no lo hicieron por negligencia, ignorancia o complicidad o sencillamente porque formaron parte del atraco.

Toneladas de oro, plata, arenas, agregados pétreos, calizas, grava, se han traducido en grandes ganancias para los dueños de las concesiones mientras que para los antiguos propietarios de las tierras, solamente limosnas, ahí están los datos.

En una rápida mirada a las estadísticas, sin abundar más, se desprende que en el periodo de 2009 al 2015, el valor del volumen de la producción minera en Baja California, se calcula en un monto de 30 mil millones de pesos aproximadamente.

De esta cifra, ¿cuántos impuestos han quedado en nuestro estado?

De los 30 mil millones de pesos del valor de la producción minera, en los últimos siete años, solo ha quedado la ridícula e insultante cantidad de 12 millones de pesos en Baja California.

En el año 2014, el Congreso de la Unión aprobó la creación de un impuesto del 7.5 por ciento de las utilidades netas de la minería, como una medida para resarcir un poco el daño a la ecología de la región.

Pero las cifras no cuadran: la producción anual de la minería en Baja California, tiene un valor aproximado de 5 mil millones de pesos y fueron 12 millones recabados en impuestos, ¿esta cantidad representa el 7.5% de las supuestas utilidades netas?

Entonces, la industria minera está en quiebra o existe una red financiera, que mueve las cifras a su antojo, para evitar pagar lo que la ley les obliga. No encontramos otra explicación

Los concesionarios mineros se llevan las riquezas de nuestro estado, y nosotros nos quedamos con unas tierras inservibles para muchos años, la contaminación, los problemas y el deterioro que esta actividad genera en los pueblos y ejidos de Baja California.

Como diputado federal, el año pasado acudí al parlamento canadiense para denunciar la forma como las compañías mineras de ese país se apoderan del oro y la plata de México casi sin pagar impuestos y dejando una estela de contaminación a su paso.

Por su parte, Kiko Vega y Gastón Luken están en deuda con los bajacalifornianos, ya que por su omisión o complicidad han propiciado el saqueo de los recursos minerales de nuestro estado.