México tendrá que probar muertes del ‘narco’

WASHINGTON.- La organización pro derechos humanos Human Rights Watch retó el lunes al gobierno mexicano a sustentar con datos que al menos el 90% de las 47 mil muertes relacionadas al narcotráfico ocurridas desde 2006 corresponden a miembros de cárteles matándose entre si.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, también pidió el lunes al presentar su informe sobre Latinoamérica que el gobierno colombiano abandone un proyecto de reformas para ampliar la jurisdicción de los tribunales militares.

El organismo opina que la aprobación de la reforma aumentaría la impunidad y violaría el condicionamiento de la ayuda militar estadounidense a la prevalencia del fuero común para delitos cometidos por miembros de la fuerza pública.

Vivanco criticó el desempeño de las autoridades mexicanas, al señalar que la jurisdicción militar apenas ha emitido 29 condenas entre sus 3 mil 700 causas abiertas y que la Procuraduría General de la República (PGR) apenas ha reclamado jurisdicción en 997 causas, que han provocado cargos contra 370 personas y han resultado en apenas 22 condenas.

"No entendemos cómo el gobierno sostiene que el 90% de los muertos son narcos que matan entre ellos. ¿Cómo puede sustentar eso, cuando no hay investigaciones?", se preguntó.

"Nos parece que se ha actuado con una irresponsabilidad enorme.

El silencio del gobierno federal da la impresión de que no tiene cómo sustentar a fondo el problema.

La PGR anunció a comienzos de enero que la lucha antinarcóticos desatada desde que el presidente Felipe Calderón tomó el poder ha dejado 47 mil 515 muertes desde diciembre de 2006 hasta septiembre de 2011.

El gobierno de México rechazó el lunes los señalamientos de HRW en su informe y aseguró que las fuerzas armadas mexicanas combaten el narcotráfico con apego a derecho y respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación, que coordina el gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón, señaló en un comunicado que se han puesto en marcha diversas acciones para fortalecer la cultura de respeto a las garantías individuales como la creación de la dirección general de derechos humanos del ejército y convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La dependencia mexicana afirmó que de las 6 mil 065 quejas interpuestas ante la Comisión contra efectivos castrenses, sólo 1,61% han concluido en una recomendación, que se emiten cuando hay evidencias de irregularidades, y en todos los casos el ejército ha iniciado una investigación.

En cuanto a la situación en Colombia, el director atribuyó a presiones del sector castrense y de allegados al ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) el debate sobre las reformas al fuero militar con el argumento de que policías y soldados están expuestos a la vigilancia de la fiscalía y habría que otorgarle seguridad jurídica.

Es un "eufemismo para conferir impunidad a quienes hacen tareas de seguridad pública", señaló.

Para Vivanco, el gobierno del mandatario Juan Manuel Santos ha mostrado más apertura en el tema de derechos humanos que su antecesor, pero señaló que "los hechos son tercos y la realidad no ha cambiado demasiado" refiriéndose al conflicto interno que produjo el año pasado 100 mil desplazados internos nuevos y registró en 29 la cantidad de sindicalistas asesinados.

Colombia, con 3,7 millones de desplazados internos, solo es superado por Sudán en el planeta.