Mesas de coordinación

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“La mejor organización no asegura resultados, pero una equivocada es garantía de fracaso”

Peter Drucker

Gran controversia causó la semana anterior la decisión del gobernador del estado de dar de baja al Ayuntamiento de Tijuana de las mesas de coordinación en materia de seguridad.

El argumento del gobernador para tal acción es la pérdida de confianza al secretario de seguridad pública de Tijuana, debido a las acusaciones de corrupción y extorsión que han recibido policías municipales.

La gran interrogante entre la ciudadanía es si el gobernador tiene facultades para ejercer tal acción, y cuál será el costo para la sociedad tijuanense.

Estaría por demás mencionar que una mesa estatal de coordinación que excluya a Tijuana no tiene sentido, dado que nuestra ciudad genera el 52% del total de la incidencia delictiva estatal, el 71% del total de los homicidios en el estado, y el 80% de los secuestros.

Adicionalmente, estando Tijuana “conurbado” con los municipios de Tecate y Rosarito, el efecto “cucaracha” que se genera entre estos tres municipios requiere de una estrategia integral y coordinada.

Consecuentemente, es imposible abatir el problema de inseguridad en el estado si Tijuana es excluido.

Las mesas de coordinación están reguladas por dos documentos: La Ley de Seguridad Pública de BC y los “lineamientos de operación para el funcionamiento de las coordinaciones para la construcción de paz y seguridad”, estas segundas emitidas por el gobierno federal al inicio de este sexenio.

La Ley Estatal menciona al consejo estatal de seguridad como la instancia máxima de coordinación para ejecutar la planeación del sistema nacional de seguridad pública en BC. Este consejo estatal debe ser presidido por el gobernador, el secretario de gobierno, el fiscal general y los alcaldes de cada municipio.

El consejo deberá invitar a personas e instituciones civiles, con carácter honorifico con voz, pero sin voto, que puedan exponer conocimiento y experiencia en los temas de seguridad, mencionando al consejo ciudadano de seguridad pública como invitado permanente.

El consejo estatal deberá ejecutar las acciones que en forma planeada deben realizar las instituciones de seguridad pública en el estado, mismas que deberán provenir de los planes de desarrollo estatales y municipales.

Obvio está decir que ninguno de estos lineamientos se ha cumplido desde el inicio de los gobiernos actuales, donde la inseguridad sigue prevaleciendo en nuestra región.

Los lineamientos federales vienen a complementar la Ley Estatal, y hablan de mesas de coordinación estatal para todo el estado, y regionales para cada municipio.

Los lineamientos federales describen que las actuaciones de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

En la mesa estatal, el gobernador en coordinación con su gabinete de seguridad preside las reuniones acompañado del fiscal general, guardia nacional y fuerzas armadas, con un secretario técnico designado por el gobierno federal.

En la mesa regional, estarán presentes el secretario técnico federal, las fuerzas armadas, el representante del gobernador, de la fiscalía, el presidente municipal y el titular de seguridad municipal.

Bajo la normatividad existente, y como máximo jefe político estatal, se entiende está en las facultades del gobernador el excluir a cualquier participante de las meas de coordinación, particularmente estatales, si existe una pérdida de confianza.

Consecuentemente amable lector, ¿debe el secretario de seguridad pública de Tijuana pedir licencia en el ánimo de que las mesas de seguridad sigan funcionando?