Mas de la mitad de las compañías de “Policía Bancaria” en el país operan sin permiso

Raúl Sapién, presidente del CNSP. Fotografía: Cortesía.

Redacción/Infobaja

Ciudad de México.- El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) señaló que de seis mil empresas del ramo que hay en el país, alrededor de 3 mil 600 son “patito”, pues carecen de los permisos necesarios para operar.

De acuerdo con el Manual Administrativo de la Policía Bancaria e Industrial, los elementos adscritos deberán brindar servicios de protección y vigilancia a dependencias del sector público y empresas del ramo industrial, bancario y comercial en función de seguridad pública.

Además, pueden fungir como guardias de seguridad personal o custodiar mercancías y valores en tránsito a través de un servicio especializado intramuros.

De acuerdo con el portal de transparencia de la Policía Bancaria e Industrial, las empresas privadas que suelen tener sus servicios van desde compañías de purificación de agua hasta servicios privados.

El presidente del CNSP, Raúl Sapién dijo que la Policía Bancaria e Industrial podría considerarse una empresa que presta servicios de seguridad privada, pero al ser Policía Complementaria que forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no necesita un permiso.

No tienen que cumplir con toda la carga normativa en materia de outsourcing o fiscal como las demás empresas, es decir, ofrecen el mismo producto, pero sin cumplir con las leyes en la materia, explicó en entrevista.

Sapién resaltó que, según la SSC, en la Ciudad de México hay mil 139 empresas de seguridad privada registradas (que tienen permiso).

Por otra parte, agregó que al año la Hacienda Pública deja de percibir hasta 480 millones de pesos por la operación de compañías del rubro que no están debidamente registradas.

Explicó que el modo de operación de estas empresas es llegar a una localidad, rentar una oficina, reclutar guardias, prestar el servicio y luego emigrar a otras entidades.

El presidente del CNSP agregó que además no pagan prestaciones de carácter social, impuestos, ni al IMSS e Infonavit, y es una actividad que genera utilidad ilegal.

Insistió en que se requiere una Ley General para que haya un registro de carácter único a nivel nacional, y un censo sobre la prestación de los servicios de seguridad privada y sus equipos.

Destacó que en el Congreso de la Unión sigue pendiente la Ley General que establecerá las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de este servicio en el país.

Estas empresas implican un riesgo: no capacitan a sus guardias, lo que propicia que no reaccionen de manera adecuada en momentos críticos; tampoco garantizan un servicio confiable y no cumplen con protocolos como verificar que sus elementos no tengan antecedentes penales.

Sobre cómo identificar a una empresa de seguridad patito, Sapién señaló que la compañía debe acreditar su permiso de carácter federal y el del estado donde desempeñe sus labores.