Los ricos también lloran

Por Manuel Rodríguez Monárrez

En 2017 del Gasto Social asignado a la Presidencia Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum erogó 12 millones 412 mil pesos de los cuales el 50 por ciento, es decir, 6 millones de pesos, se lo llevaron dos entidades, una asociación de colonos del fraccionamiento privado Puerta de Hierro y otra asociación patito, propiedad del ex presidente de la Junta Distrital Electoral número 11 donde el beneficiario, fue suspendido por el IEE por irregularidades en la pasada elección local.

Pero el caso de Puerta de Hierro no sólo es una cuestión moral. Este caso sienta un nuevo precedente de corrupción e impunidad institucionalizada. La ley violada establecida como excepción a la  norma técnica 31 que rige el Gasto Social del Municipio, es la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios para el Estado de Baja California, que a la letra en el artículo 51 último párrafo exige al Presidente Municipal pasar por Acuerdo de Cabildo cualquier autorización de recurso del gasto social que vaya para la realización de una Obra Pública y que tenga que ver con algún tipo de riesgo sanitario.

En el recurso entregado a Puerto de Hierro, esto simplemente no sucedió. El tesorero municipal además añade que no fueron 4 millones de pesos sino que fue más, 4 millones 360 mil pesos, aquí sería oportuno saber qué otra partida afectaron para sacar los 360 mil pesos restantes. Por qué esta entrega nunca se hizo pública, si no había nada que ocultar. La respuesta, es porque el Alcalde en ningún momento apeló a una situación de emergencia para elevar el tema de Puerta de Hierro a Cabildo y en votación haber decidido sobre el destino de esos recursos etiquetados para las personas más vulnerables de la comunidad, tal y como lo marca la ley, para no haber incurrido un ilícito.

El Alcalde está metido en un brete legal y sus asesores jurídicos lo saben, por eso han dejado que sean los vecinos de Puerta de Hierro los que respondan, para tratar de justificar un procedimiento que a todas luces estuvo al margen de la ley.

Hay una pautas de comportamiento abusivo, propias del Alcalde, en cada acción que tiene que ver con las arcas municipales. Y puedo dar cuento de ello con la simple lectura de contratos como los de Turbofin y Core, y asuntos como los dictámenes privatizadores del alumbrado, los estacionómetros, o el SITT. Esto incluye las ampliaciones a concesiones no vencidas como las del relleno sanitario y un sinfín de irregularidades, que se cometen con la certeza de que sus actos van a quedar impunes.

Con un sistema de justicia administrativa mediocre como el nuestro, difícilmente la Sindicatura o el órgano de fiscalización del Congreso hacen un esfuerzo por sancionar a un Alcalde que actúa fuera de la ley

Más allá de que ya es tiempo de que Tijuana tenga un Presidente Municipal de buena voluntad y recto, y que sobre todo no actúe por encima del marco legal establecido, entregarle cuatro millones de pesos del gasto social destinado para grupos vulnerables e instituciones de beneficencia, a un fraccionamiento privado de vecinos pudientes económicamente, es un acto primero ilegal, segundo vergonzoso y tercero indigno.

Ilegal porque falta a la norma técnica número 31, en donde en la partida específica describe el tipo de asociaciones de carácter altruista que pueden recibir éstos recursos.

Vergonzoso por la disparidad y desequilibrio en los montos con los cuáles se toman las decisiones ya que de la lista publicada, y si le sumamos que Free Bullying fue un empleado municipal el que recibió los otros dos millones de pesos por el pago de favores electorales pues estamos atorados en la encrucijada de la corrupción.

Indigno porque pisotea a comunidades siniestradas como Lomas del Rubí o Reforma en donde cientos de familias tijuanenses lo perdieron todo, quedaron en estado de indefensión social, y fueron prácticamente abandonados a su suerte sin un fondo de ésta naturaleza con el cual responder a la catástrofe humanitaria que se presentó por los deslizamientos de 2018. Es cuanto.