Letra muerta

Por Jorge Alberto Gutiérrez

El artículo 21 de nuestra Constitución contiene el siguiente fragmento: La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley… La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos…

 

Como muchos artículos de la Carta Magna, es para desgracia de gran parte de los mexicanos, letra muerta. Así lo demuestran los hechos recientes en Guerrero, Tamaulipas, Colima, Jalisco e incluso en menor pero creciente grado en Tijuana.

Las fuerzas criminales han demostrado no haber perdido su capacidad para controlar territorio y población. En lugares como Tamaulipas, la situación se antoja complicada en extremo. Pareciera que el poder de los grupos delincuenciales es ahora mayor que nunca y se ve más lejano el momento en que se pueda recuperar la paz y la tranquilidad para los tamaulipecos. Es un estado donde virtualmente ha sido anulada la autoridad civil y militar.

En los Estados donde se vive una zozobra similar a la de Tamaulipas, es obvio que para lograr este absoluto control que tienen los delincuentes, se necesita del apoyo o la indiferencia de las autoridades. Para lograrlo, estos grupos han intimidado y corrompido a los que tienen por responsabilidad combatirlos. Incluso, podemos afirmar que en algunos de estos lugares están tan rebasados los poderes civiles, que los gobernadores y alcaldes no son más que figuras decorativas que subsisten por la misericordia de los cárteles.

El tema de seguridad se ha sobre politizado y por ende está distorsionado. Nos quieren hacer creer que la guerra contra los delincuentes es muy diferente a la que el presidente Calderón inició hace 9 años en Michoacán. Las cifras de muertos siguen creciendo de manera vertiginosa y la violencia es cada vez más cruel. Las declaraciones oficiales nos pintan una situación donde pareciera que en Guerrero y Michoacán la situación tendiera a mejorar al intervenir las fuerzas federales y remover a sus gobernantes, quienes “casualmente”, pertenecían al PRD. Como si el problema que viven fuera culpa un partido en particular.

En nuestro estado y ciudad, vivimos una relativa tranquilidad que cada día, con cada “encajuelado” o ejecutado se debilita cada vez más. Podemos presumir y sentirnos orgullosos como sociedad que superamos aquellos tiempos violentos de 2005 a 2010 cuando  valientemente sociedad, fuerzas armadas y autoridades civiles dejaron de lado la política partidista para encontrar un camino que nos llevara a conseguir la paz.

El costo fue muy alto ya que se perdieron vidas valiosas de policías, militares y civiles, y muchos otros abandonaron la ciudad.

Es por nuestros hijos y el futuro de nuestro Estado y ciudad, que debemos una vez más exigir y reclamar que la seguridad se mantenga, alejado de la “grilla” para que la situación no empeore.

De otro modo, corremos el riesgo de parecernos a Tamaulipas o Michoacán cada vez más.