Jorge Alberto Gutiérrez Topete
En nuestra ciudad durante las últimas décadas hemos perdido el rumbo en el tema de movilidad y en particular, en la prestación del servicio de transporte público. Hemos sido omisos respecto a la responsabilidad de prestar este servicio a los más vulnerables de nuestra sociedad.
Por alguna verdadera razón en su momento “justificable”, hace 18 años se decidió que en Baja California los responsables del servicio de transporte público fueran primordialmente los ayuntamientos, reservándose para el ejecutivo estatal el transporte inter municipal, o sea, cuando la necesidad sea conectar dos o más municipios conurbados, cuestión que los últimos 4 gobiernos estatales no ha sido atendido correctamente. Curiosamente, son solo 3 estados de la república que han delegado como el nuestro, la prestación del servicio a sus ayuntamientos. Adicionales al nuestro, Guanajuato y Coahuila son los que municipalizaron el servicio. Podemos decir que en ciudades como Saltillo y Torreón en Coahuila, así como León en Guanajuato han aprovechado esta oportunidad y pudieron organizar a los transportistas, logrando prestar un servicio de calidad a los usuarios, permitiendo además, que cueste menos gracias al profundo reordenamiento que trajo como beneficio eficiencia en la prestación del servicio.
Como ejemplo, en el Optibus de León se autorizó para 2017 un “escandaloso” aumento a la tarifa de casi 30%, determinada después del análisis de estudios técnicos y financieros -como aquí- donde el cabildo autorizó un ajuste tarifario de dos pesos adicionales que arrojaron tarifas de 11 pesos para el pago en efectivo y 9.50 pesos para el pago con tarjeta Pagobús y 4.20 pesos para la tarifa preferencial de estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe señalar que la tarifa en León incluye transbordos a otras rutas para terminar el viaje sin costo adicional. Para comparar, el precio del litro de Diesel en esa ciudad es de 16.51 pesos y en Tijuana es de 16.95 pesos por lo que resulta incomprensible cómo la tarifa en Tijuana resulta ser hasta dos veces mayor que en León por cada boleto, además de no incluir transbordos por lo que un usuario típico en esta ciudad paga hasta 3 boletos de ida y 3 de regreso gastando diariamente entre 50 y 65 pesos para moverse para ser “maltratado” en las vetustas calafias de esta ciudad. Además de ello, nuestros transportistas aplican a discreción propia los descuentos a estudiantes, discapacitados y tercera edad cuando es obligatorio aplicarlo a todos. Al final, un trabajador en León puede hacer sus viajes de ida y vuelta al trabajo por tan solo 19 pesos diarios y un estudiante o adulto mayor gastaría 8.40 pesos por ir y venir de regreso a su hogar.
Lo que acaba de suceder en nuestra ciudad con la autorización al aumento de la tarifa de transporte público es lamentable. Sin duda afectará a los más vulnerables -como siempre- y habrá un detrimento notable en la competitividad de nuestra ciudad. Tenemos el peor y más costoso sistema de transporte público de Latinoamérica y esta situación autorizada para el desahogo de la economía de los transportistas, perpetúa la alta dependencia que tenemos los tijuanenses en preferir comprar autos privados en lugar de utilizar el transporte público. Ojalá las cosas fueran diferentes, se hiciera exitoso el SITT y se optimizara de inmediato el sistema de transporte actual -como se hizo en León- para que sea más eficiente y de mejor calidad, y así buscar que los ahorros se trasladen a los usuarios con mejores tarifas.
Aunque es “justificable” lo que el grupo de economistas concluyó al recomendar al cabildo los aumentos, no aborda de manera integral la problemática de sobre oferta que impera en el transporte público.
Para explicar lo que hicieron al autorizar el aumento, supongamos que nuestro sistema de transporte es un «gordito» que sube de peso y las opciones que le quedan respecto a la ropa apretada que ya no le queda son:
1.- Hacer ejercicio y dieta.
2.- Comprar un guardarropa 2 tallas más grande.
Nuestro Cabildo escogió la opción 2.
