La Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado

Por Noé López Zúñiga

El pasado 31 de octubre de 2019, con la entrada del Gobierno Bonillista, se vigorizó la nueva Ley de la Administración Pública del Estado de Baja California, la que en tan solo dos meses después fue reformada en una parte del articulo 28 y se adicionó el Titulo V, llamado de la Honestidad de la Proveeduría – Capitulo Único, y en el que se establece y se regula por primera vez el Comité de Honestidad de Proveeduría Pública. Esta reforma fue publicada en el periódico oficial número 67 de fecha 31 de diciembre de 2019.

Como se sabe, esta nueva administración y ley, deja fuera del poder a una Administración que permaneció por más de 30 años en el Centro de Gobierno, y a la vez dejará, así lo suponemos, fuera a todas aquellas empresas que se beneficiaron ilícitamente a través de contratos y adjudicaciones  causando un quebranto al erario y a la economía pública. Si hacemos un análisis de lo ocurrido durante la anterior administración podemos darnos cuenta que también surgió junto con aquella nueva y ahora enclavada clase política, una era de nuevos ricos, que gracias a los negocios con el gobierno de aquel entonces, obtuvieron privilegios económicos. Ahora con esta nueva ley, se pretende por lo menos desde el “deber ser” que las adjudicaciones de bienes y servicios pasen por un comité de honestidad, el cual con fundamento en la fracción XVIII del artículo 26 de la Ley Orgánica citada, será presidida por el titular de la Secretaria General de Gobierno, siempre y cuando el monto de la adquisición o arrendamiento sea superior a cinco millones de pesos; cuando sea menor a esa cantidad, no intervendrá el Comité de Honestidad y simplemente el procedimiento se llevará a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado, cuya regulación se encuentra en la ley y reglamento del mismo nombre.

Así, esperamos que en esta administración, exista una verdadera política de contratación pública de bienes y servicios honesta y transparente, en el que se privilegie no al empresario gandaya, sino que se pondere el factor del precio más bajo, el costo beneficio, la calidad y las mejores condiciones, y sobre todo existan las suficientes empresas que logren competir entre ellas, a fin de lograr una verdadera ley de la oferta y la demanda, sin manipuleo o mano negra. Para que esto se logre, la ciudadanía deberá analizar con lupa a los funcionarios que participarán en estos comités, a fin de que apliquen los principios relacionados con la legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, principios que sostienen a esta nueva ley y cuya aplicación es obligatoria a todo funcionario, sea de mando superior, mando directivo, mando medio, etcétera. Consideramos que la organización política-administrativa de este nuevo gobierno deberá quedar sujeta a un derecho más persistente y más “auscultativo” para que se logre un reordenamiento económico en la región.