La educación y el próximo presidente de México, Pt. 2

Por Manuel Alejandro Flores

En mi columna pasada compartía que ha sido poco lo que se escucha en cuanto a educación de parte de los candidatos a la presidencia de la república y Congreso de la Unión, retomo el día de hoy las propuestas que la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase) está impulsando ante el próximo horizonte legislativo, mismas a las que la Comisión de Educación de Coparmex Tijuana se adhiere atendiendo a que están ajustadas a un compromiso para los Senadores y Diputados electos por Baja California en el siguiente proceso electoral y se resume en tres compromisos con seis iniciativas en materia educativa: Cualquier política educativa ha de sustentarse en principios irrenunciables. La Copase considera fundamentales los siguientes:

– Educación de calidad, como un derecho humano universal

– Respetar el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus principios y valores, en base a la Declaración Universal de la ONU

– Rectoría del estado, como principio constitucional

– Evaluación para la mejora educativa, como elemento central para el avance y progreso sistemático del esfuerzo en la educación

– Educación con justicia, como la forma de reducir las desigualdades sociales

Por ello, la Copase exhorta a todos los senadores y diputados electos por Baja California al congreso de la unión se comprometan con la sociedad bajacaliforniana con:

1) Respetar y hacer respetar el artículo tercero en materia educativa de la constitución de la república mexicana vigente.

2) Respetar y hacer respetar la Ley del Servicio Profesional Docente, respecto a la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes y actores internos, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, respecto a su autonomía constitucional, estratégica y conceptual, y la Ley General de Educación vigente.

3) Presentar iniciativas para reformar, adicionar y modificar las mencionadas leyes, a efecto de realizar las siguientes mejoras:

3.1- Aprobar  los suficientes fondos públicos para conservar la independencia conceptual de dichos ordenamientos y estratégica educativa. Si una parte de los recursos públicos se destinan a un presupuesto anual que las escuelas pudieran manejar directamente, la autonomía escolar tendrá condiciones sustancialmente mejores y permitiría alcanzar las metas establecidas de corto y mediano plazo.

3.2- Brindar un espacio genuinamente independiente, democrático y funcional para la consulta y opinión del Consejo Nacional para la Participación Social en la Educación (Conapse) y Consejos Estatales de Participación Social.

3.3- Generar lineamientos para una coordinación efectiva entre la Federación, Estados, Municipios y organismos descentralizados, a efecto de trasparentar el inventario, entrega y distribución efectiva de horas y plazas de educación básica y media superior.

3.4- Definir criterios y catálogos de los actos que serán considerados laborales o administrativos, a efecto de dar certidumbre jurídica a los docentes en sus reclamos ante las autoridades en su carácter de autoridades educativas o en su carácter de patrones.

3.5- Reforzar el sistema de responsabilidades para que se castigue eficazmente a las autoridades educativas, sindicatos, docentes o particulares que violenten o actúen en contravención a nuevo servicio profesional docente.

3.6- Reglar un sistema nacional de protección para los alumnos y los centros educativos, en cuanto a su seguridad e integridad, como para la protección de la calidad educativa.

La inseguridad, la impunidad y los múltiples problemas económicos y sociales que padecemos los mexicanos no se resolverán de manera estructural y conveniente si no mejora sustancialmente la calidad de la educación para la infancia y la juventud de nuestro país. Porque en ellos está la plataforma del bienestar, la justicia y el desarrollo a mediano y largo plazo.