La disputa por Tijuana

Por Juan Manuel Hernández Niebla

“¿El fin justifica los medios?”

El presente artículo no va en relación a la disputa entre carteles que ha generado 2,162 homicidios durante la administración del alcalde actual, o los 2,859 que lleva igualmente el gobernador en su gestión.

Este artículo va relacionado a la disputa política entre estos dos personajes por el control político de la ciudad, misma que genera la mitad de la actividad económica y en la misma proporción la problemática del estado.

El enfrentamiento inició poco antes de que el alcalde tijuanense presentara solicitud de licencia a su puesto, argumentando ir en busca de otra posición política durante las elecciones 2021, dejando como alcalde a la suplente electa.

Algo sucedió, se argumenta que fueron los cambios que la suplente estaba haciendo en el gabinete, pero a 20 días de haber dejado el puesto, el alcalde sin una explicación coherente regresó.

Sin embargo, a una semana de su regreso, el alcalde llamó a sesión de cabildo para solicitar licencia de nueva cuenta, pero ahora con la intención de dejar a un regidor, uno que le garantizara el control político del municipio y las prerrogativas del caso.

En el documento de la nueva salida, a ser aprobada por el cabildo, mencionaba esta quedaría supeditada a que, por circunstancias especiales o fuerza mayor, el alcalde podría reintegrarse, con lo que el alcalde auguraba entradas y salidas múltiples en su función, algo totalmente inédito en la historia de Tijuana.

En otras palabras, el alcalde se otorgaba los derechos del puesto, pero no las obligaciones.

Abruptamente, previo a la sesión de cabildo mencionada, el gobernador emitió un decreto que fue autorizado y publicado “fast track”, decreto que indicaba que aquel alcalde que solicitara licencia por más de 15 días, suponiendo el suplente no pudiera tomar el cargo, serían facultades del gobernador el nombrar al nuevo alcalde en base a dos candidatos enviados al congreso para que seleccionaran a uno.

En resumen, en caso de licencia del alcalde y cuando el suplente no pudiera tomar el cargo, el gobernador decidiría el reemplazo.

Es de sobra mencionar que esta iniciativa, avalada de forma absurda y expedita por el congreso, es inconstitucional, pues viola la autonomía de los municipios, cuando se pretende otorgar las riendas de la ciudad a una persona que no fue elegida democráticamente.

Por otro lado, la intención del alcalde de nombrar a un regidor, pasando por encima de los derechos del alcalde suplente, que fue elegido por la ciudadanía al igual que él, es de igual manera un abuso de poder, y una falta de respeto para todos los tijuanenses.

Finalmente, ya sea por la iniciativa presentada por el gobernador, o porque no tenía los votos que necesitaba del cabildo, el alcalde canceló la mencionada sesión de cabildo, y por consecuencia, su pretensión de retirarse de nuevo a menos de un mes de haber renunciado, y una semana de haber regresado.

Seguramente la acción de gobernador y congreso va de nueva cuenta a generar una controversia constitucional y será cancelada por la Suprema Corte de Justicia, pero en el inter, “ata de manos” al alcalde y lo obliga a mantenerse en el puesto….  o regresar de nueva cuenta a la suplente.

Mientras tanto, la disputa por Tijuana continúa, paralela todos sus problemas pendientes de solucionar.

Más que gobernanza, lo que estamos atestiguando es la batalla del poder por el poder.