Por Juan Manuel Hernández Niebla
“El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”, Pablo Neruda
Buscando un marco de justicia social, una de las promesas de campaña del entonces candidato López Obrador, era el otorgar amnistía para aquellos presos de clase social vulnerable, tema que fue incluido en la Estrategia Nacional de Seguridad presentada al Congreso en abril 2019.
Con este propósito, en abril 2020 se publicó la Ley de Amnistía, que contemplaba la liberación de algunas personas contra las que se hubiera ejercitado una acción legal por ciertos delitos cometidos.
Los delitos sujetos a amnistía eran el aborto, el narcomenudeo cuando los que lo hubieran cometido estuvieran en una situación de vulnerabilidad social, los delitos cometidos por personas provenientes de pueblos indígenas que no hubieran tenido protección legal adecuada durante su proceso, el robo simple sin violencia, y las personas encarceladas por actividades políticas.
Cuando se publicó esta ley, reconocimos la iniciativa del presidente como la respuesta a un reclamo social y de justicia para las víctimas del sistema, pero advertimos esta ley no atacaba los fundamentos del problema.
De igual manera mencionamos que el 85% de los delitos incluidos eran del fuero común, responsabilidad de cada estado, por lo que los beneficios de una ley federal serían limitados.
Si bien la propuesta de ley contemplaba un exhorto a los estados para legislar en el tema, era decisión de cada estado el ejecutarla.
Mencionamos igualmente que la propuesta excluía un modelo de reinserción social para las personas liberadas, por lo que no garantizaba la no reincidencia.
La propuesta tampoco contemplaba el fortalecimiento del sistema judicial, donde ministerios públicos y defensorías de oficio deficientes no aseguraban que se siguieran cometiendo injusticias.
A más de un año de haber sido promulgada, la comisión de amnistía reportaba SOLO la liberación de cinco personas beneficiadas por esta ley.
Sin embargo, y a contrasentido, en 2019 el ejecutivo presentó una ley para que aumentaran en más del doble los delitos por los que se aplica la prisión preventiva oficiosa.
Según estudio del organismo Animal Político, bajo el marco de esta ley, totalmente contradictoria a la de amnistía, a la fecha han sido encarcelados 105 mil personas, donde al 85% no se les había probado que hubieran cometido algún delito. Estos encarcelados sin sentencia son personas pobres, muchas de ella mujeres, y los delitos de los que los acusan son robo simple y narcomenudeo.
Durante 2020, la tasa de personas privadas de su libertad creció 3.1% en nuestro país, equivalente a 14 mil internos adicionales en comparación al 2019, siendo esta cifra la de mayor crecimiento anual en población penitenciaria de los últimos 15 años, afirmándonos que más allá de una ley de amnistía inoperante, la realidad es que hoy en México se puede encarcelar a cualquiera, aunque no se haya comprobado que cometió un delito.
Desafortunadamente, el México de hoy se debate entre la encrucijada del dogma de que mientras más gente encarcelada menor corrupción e incidencia delictiva, o la necesidad de apoyar a las clases vulnerables en su necesidad de justicia social, donde aparente y desafortunadamente el dogmatismo es el que prevalece.
