Justicia cotidiana

Por Óscar Díaz

En el año 2016 el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) junto con otras 17 instituciones desarrolló una amplia investigación en materia de justicia cotidiana, con el propósito de diagnosticar la eficiencia de la impartición de justicia que diariamente se despacha en México, para que a partir de ahí se pudieran tomar las acciones ejecutivas o legislativas que permitieran fortalecer el estado de derecho, generando los incentivos institucionales y las modificaciones que permitieran un mejor funcionamiento jurisdiccional en los distintos órdenes de gobierno, ya fueran federales, estatales o municipales, con la intención de solventar de una mejor forma la necesidad ordinaria de justicia de los gobernados en el país.

Por justicia cotidiana debemos entender la justicia que resuelve los conflictos comunes que se generan todos los días con la convivencia diaria de las personas, y que no tiene que ver con temas penales, sino más bien con litigios civiles, mercantiles, familiares y laborales.

En estas materias encontramos por ejemplo al propietario de un bien que no le pagan la renta, a los conflictos por temas hipotecarios, a los juicios hereditarios, a las diferencias vecinales, a la empresa que no le pagan un crédito respaldado en un pagare, a los divorcios, a los conflictos por la custodia de menores y por el pago de pensiones alimenticias, a los despidos injustificados y a las desavenencias entre trabajadores y patrones, entre muchísimas otras cosas más.

De lo anterior se advierte que es precisamente en estas áreas -que en su mayoría son del ámbito estatal- donde está el grueso de la impartición de justicia en México; sin embargo, obtener justicia en estas áreas es un trabajo lento, complejo y costoso, lo que provoca que no se pueda acceder a ella con facilidad, situación que a su vez termina impactando negativamente en la calidad de vida de los justiciables en un primer momento, y después negativamente en la calidad de vida del país.

De la investigación realizada en aquel entonces, tomando como fuente el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014 del INEGI, se identificó que de un universo de 2,142,872 litigios el 30 por ciento correspondía a litigios civiles, el 35 por ciento a litigios familiares, el 20 por ciento a litigios mercantiles el 13 por ciento a asuntos penales y un 2 por ciento a otra clase de conflictos; cabe señalar que esas cifras y porcentajes no incluyeron los litigios laborales, ni los contenciosos administrativos, pues no se reflejan en esa estadística.

Dicha investigación permitió exponer a la luz pública las dificultades que tiene un mexicano para acceder a la justicia a pesar de los avances ya conquistados en estas materias, en virtud del gran desconocimiento que por lo general tienen las personas sobre sus derechos y las vías para ejercerlos.

El catálogo de problemas encontrados fue extenso y complejo, por lo que se recomendaron más de 200 acciones que pudieran servir de base para sustentar una nueva política pública que mejorara el acceso a la justicia, y dentro de estas recomendaciones se resaltaron cuatro temas prioritarios en particular: 1.- la creación de centros de asistencia jurídica temprana, 2.- la regulación de los servicios que prestan los abogados y mecanismos que faciliten establecer su responsabilidad profesional, 3.- la revisión del diseño y operación de las juntas de conciliación y arbitraje y, 4.- la creación de un nuevo modelo de justicia familiar.

Curiosamente hace apenas unos días atrás se aprobó en el congreso federal una reforma totalmente transformadora de la justicia laboral, con la que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y con ellas muchos de los vicios que las aquejaban.

Es un golpe de timón que significa un gran cambio, esperemos que muy pronto puedan atenderse también por el legislativo las otras áreas de impacto, urge profesionalizar aún más y hacer más efectiva la impartición de justicia en el país.