Justicia Alternativa Penal y su desafío actual en BC

Por Noé López Zúñiga

Debido a los cambios estructurales registrados en el sistema social, a consecuencia del aumento de la inestabilidad que se vive en México, se han propuesto ajustes  ineludibles basados en una mayor y más profunda introspección y comprensión de esta realidad imperante. Esto ha implicado  el rediseño de políticas públicas en materia de justicia y democracia.

Estos cambios que se han registrado desde hace más de diez años, y han sido utilizados como instrumentos de esperanza y alentar así, a las entidades a seguir unidas. Políticamente, se le ha llamado de muchas formas, sin embargo, creo la más atinente es la “Reforma del Estado”, porque de forma muy concreta, se ha legislado en materia de Seguridad, Justicia, Derechos Humanos, Laboral,  Educación, Económica (energética e hidrocarburos), Fiscal, y Político-Electoral.

 

Todas estas reformas que se dicen ser estructurales para el país, se han convertido, a mi juicio, en un nuevo pacto federal, en donde se destaca la pertinencia de nuevas leyes nacionales y la cesión de la soberanía e independencia de los estados, como entidades federalizadas. Así, v.gr. la reforma constitucional y legal en materia penal, ha implicado la promulgación de un Código Nacional de Procedimientos Penales y  una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, esta última publicada en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2014. Estas dos leyes nacionales suponen un gran desafío a  nuestro Nuevo Sistema de Justicia Penal, que en el caso de Baja California, nos encontrábamos muy adelantados.

Este NSJP, implicó dos fases importantes: a) La adopción del Procedimiento Penal Oral (Sistema Penal Acusatorio o Adversarial); y b) La implementación de la Justicia Alternativa, a través de los Medios Alternativos de Solución de Controversias –MASC- y cuyo propósito es despresurizar y judicializar lo menos posible, los conflictos entre particulares, en delitos no graves.

Ahora bien, desde 2007, Baja California tiene una Ley de Justicia Alternativa, y además existía ya en la entidad, un nuevo Código Procesal Penal, con el que se creó el NSJP, y con el que se originó a su vez, el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal –SEJAP- en nuestro estado, sin embargo, un estudio realizado por el Cuerpo Académico Justicia Alternativa en Baja California, de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, liderado por la Doctora María del Refugio Macías, señala que los MASC constituye una buena opción para agilizar la administración de justicia en México, pero la ciudadanía aún no está suficientemente informada para el uso de estos mecanismos.

Además de que la ciudadanía desconfía de las autoridades y  los abogados en general, se resisten al cambio. Así, en conclusión y debido a esta percepción, este cuerpo académico recomendó la intensificación de la difusión de los MASC para que todos los estratos de la población reconozcan una nueva forma de resolver conflictos, favoreciendo la cultura del perdón y la paz.

Además se debe educar a la ciudadanía en esta materia, empezando desde la educación básica; las autoridades educativas deben promover la cultura de la solución pacifica de los conflictos con programas que enseñen a los escolares las ventajas del diálogo, el perdón y los acuerdos pacíficos.

 

Ojala que las autoridades del estado, logren entender este nuevo desafío arrojado por el estudio en cuestión, para que se implementen políticas públicas ad-hoc a la nueva cultura de la justicia alternativa, que mucha falta hace en un país socialmente violento y un sistema legal colapsado.