Ius Migrandi

Por Wilfrido Ruiz Sainz

El Ius Migrandi, es la libertad de movimiento de las personas. Es el derecho de fuga. El derecho de emigrar, supone que cualquier persona puede circular de forma voluntaria y libre por todo el planeta. Esta es la postura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y 1993.

Tenemos que reconocer que el fenómeno migratorio, es un reto y constante preocupación para los países receptores. El flujo humano que se desplaza del país expulsor, representa un auténtico rompecabezas que se debe principalmente a las persecuciones religiosas, a la violencia, a la criminalidad, a la falta de oportunidades económicas y por consecuencia de espacios laborales. Para tratar el tema del Ius Migrandi, es necesario establecer que los Derechos Humanos son derechos universales, indivisibles e inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidades, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, lengua y religión. Todos los migrantes tienen derecho a no ser discriminados.

Al respecto, la Declaración y Protección Universal de los Derechos Humanos, marca un hito en la historia de la humanidad. La Declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 1948, como un ideal común para todos los pueblos y Naciones. Así mismo, en la Convención Mundial de Viena 1993, se dispuso que los Estados asumen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Ahora bien, la Declaración Universal de 1993, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en Viena, contiene dos apartados legales sumamente reveladores. El Artículo 14, dice: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y disfrutar de él, en cualquier país”, y el Artículo 30 que reza: “Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a ninguna persona o grupo, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración”. Por lo que respecta al Derecho Positivo en México, el Código Político Fundamental, establece en su Artículo 1º: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte….Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia…Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la Obligación de promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos. Como podemos discernir, el Estado Mexicano se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un compromiso de respeto y sumisión al Ius Migrandi. Esto es, México se alinea con los Tratados Internacionales en que concurre como signatario.

Expuesto lo anterior, podemos afirmar que una solución para enfrentar la invasión de migrantes, sería de que México promoviera en ejercicio de su soberanía y ante el Corte Internacional de Justicia de la Haya, la nulidad de su participación acorde a los deberes de los Estados, a que se refiere el Convenio Universal Migratorio y derivado de la Declaración Universal de Declaración de Derechos Humanos. En cuanto al Ius Migrandi, en tanto México no revoque su deber de aceptar indiscriminadamente una migración masiva, me ajusto al criterio y espíritu de la ley. Sin embargo, no se puede ni se debe extender, un cheque en blanco. La migración, debe estar estrictamente regulada por la Autoridad. México funciona bajo un sistema rígido de leyes y se debe exigir su cumplimiento. El control de extranjeros en la Puerta Sur, debe ser inflexible. El derecho de fuga no es licencia para violar las normas jurídicas del país receptor. El migrante NO puede afectar derechos de terceros y NO puede alterar el orden público. El migrante, que no justifique condiciones de asilo debe ser deportado. Al migrante se le debe exigir el aseguramiento de visas humanitarias que expida el país expulsor. Dicho de otra manera, el Estado Mexicano debe ejercer su soberanía.