Incorregible

Por Manuel Rodríguez Monárrez

Ante la incapacidad y la falta de experiencia en la prestación de servicios públicos, sin un estudio sobre la viabilidad financiera, para el primer Edil es muy cómodo, privatizar, concesionar y arrendar la basura, la seguridad, la nómina y ahora el alumbrado público. Mientras el Alcalde ironiza sobre las expresiones ciudadanas que le piden que de una vez rente otro Alcalde, Gastélum arremete contra quienes exigimos transparencia, legalidad y rendición de cuentas hacendarias, sobre todo en relación a lo pactado con Turbofin.

Hace tan sólo una semana en Cabildo suscribimos el punto de acuerdo de buenas prácticas que promueve el Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal, sin embargo, el Alcalde en los hechos ha erogado con cargo a los tijuanenses, al mes de julio 43.6MDP por 14 unidades recolectoras de basura rentadas que han llegado hasta el momento. Con esa cantidad pagada el ayuntamiento podría tener un total de 33 unidades propias al día de hoy. Es decir, que cada unidad nos estás costando 5.4MDP tenerla si consideramos que solo contamos con 14 y para finales de 2017 habremos de haber pagado 79MDP.

No me queda la menor duda, que el ayuntamiento de Tijuana está financiando a Turbofin para que adquiera las unidades recolectoras a través de un tercero, en este caso, plataformas y remolques de Toluca, S.A. de C.V., y nos las subarrende al municipio de Tijuana con un mínimo de utilidad anual por camión de 300 mil pesos. Al final de 3 años de arrendamiento las ganancias mínimas que Turbofin se estaría llevando por rentarnos los camiones se estiman en aproximadamente 48MDP, pero como se supone que la renta nos debería salir más económica que la compra, las utilidades podrían ser de hasta del doble.

Queda claro que la política con Turbofin que aplica el Alcalde, es: “ahí me vas mandando los camiones como puedan, mientras yo les voy pagando”. Estos actos no solamente configuran responsabilidades penales, sino que deben ser minuciosamente analizados por el órgano garante de la fiscalización de los municipios, como lo es el Congreso del Estado de Baja California. Estamos pues financiando la creación de una empresa que sólo se le conoce en su portafolio de clientes un contrato de 37MDP por renta de carros con el Congreso de la Unión en 2016 y un contrato con el municipio de Morelia por 1.9 MDP que al parecer tuvo también problemas.

El 10 de Mayo, en un evento del día de las madres, Gastélum aceptó públicamente que conoció a Rogozinski cuando fue diputado y que los empresarios se acercaron con él para ofrecerle el servicio.  La pregunta sigue sin respuesta, ¿por qué adjudicar y rentar en lugar de licitar y comprar? Después de los 1,600MDP que descubrimos en las arcas en el mes de Enero 2017, queda claro que falta de liquidez no era la que nos llevó al arrendamiento, y dado que los camiones traen sobreprecio, pues bonito contrato en perjuicio de los tijuanenses firmaron, sin saber que cometían una irregularidad más, los tres subordinados que con su acto afectan también de nulidad el contrato.

Sería importante que alguien le avise a Diego Gaspar representante legal de Turbofin, que los que firmaron el contrato no están facultados para hacerlo, ya que no tienen poderes otorgados por Cabildo para firmar adjudicaciones como marca la ley. También que algún abogado le expliqué al Director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tijuana, Raúl López, que de acuerdo al 34 del Reglamento de Adquisiciones sólo el Alcalde o el Cabildo pueden decretar una emergencia, por lo que su dictamen afecta por segunda ocasión de nulidad todo el convenio.