Hay que reglamentar las reformas

Por Mario Escobedo

escobedo1956@yahoo.com

Toda reforma política es siempre una nueva ruta que desde el Congreso se abre para la participación del ciudadano en la agenda política de un Estado o de una nación. Una reforma nunca debe quedarse en el simple ajuste de reglas con que transitan los partidos políticos en el devenir del ejercicio del poder.

Figuras como el juicio político, el refrendo, el plebiscito y la revocación de mandato, deberán operar bajo dos objetivos: que no sean controlables desde las esferas de los partidos y que con orden, sean fácilmente desarrolladas por los ciudadanos.

En pasados días, se llevó a cabo una reforma política a la que diversos representantes del gobierno han llamado trascendental, y lo es en gran medida si tomamos en cuenta que abarca desde las candidaturas independientes, hasta la revocación de mandato, pasando por juicio político, plebiscito, etc. Podría decirse que estos conceptos ya estaban, y siguen estando, en la agenda de muchos actores sociales, sin embargo, para vivir en pleno estado de derecho, hacía falta que desde la legislatura se llevara a cabo esta reforma constitucional. Este paso, habrá que reconocerlo, se ha dado.

Ahora bien, para medir este avance es necesario hacerse varios cuestionamientos, en primer lugar ¿bajo qué condiciones, y más importante aún, quién decide cuándo iniciar un juicio político? y ¿puede un ciudadano, respetando las normas impuestas, tener el alcance de iniciar un procedimiento de este tipo? En el caso del refrendo, debe evitarse que sea una espada de Damocles y que de manera perjuiciosa, los partidos ansíen blandir contra el gobierno, pues sería dañino para el buen desarrollo de éste que por cada decisión que tome el gobernante, el partido opositor desee iniciar un refrendo. En los tiempos actuales, la sociedad se ve muy perjudicada por la frecuencia de los ejercicios electorales, por lo que hay que evitar que figuras como el refrendo, que de entrada buscan calificar el desempeño del funcionario, se conviertan en campañas electorales sin calendario y por cualquier motivo. El costo social y económico sería inconmensurable.

En la edición 2010 de Latinbarómetro, se pudo constatar el nivel de desencanto que la sociedad mexicana tiene respecto a la democracia. Este descontento encuentra su causa al ver cómo los responsables, es decir, los partidos políticos, han sustraído de la sociedad el derecho de autogobernarse. Esta reforma política puede establecer qué tan ciudadanizada está la democracia en Baja California.

El ejercicio de reforma política deberá ser contextualizado desde un parámetro muy simple: son los ciudadanos quienes llevarán la voz cantante o serán los partidos, a través del Congreso, los que determinarán qué va en cada uno de estos casos. De ser el primer caso, habrá ganado la democracia, de solo quedarse en el segundo intento, quedará aún bastante camino por recorrer.

Rescatemos en lo inmediato el tema del antidoping a funcionarios y candidatos, porque esos casos ni los partidos pueden justificarlos.

*Presidente del Consejo Coordinador Empresarial